El salario que perciben los presos en España ha sido tema de debate durante años. En 2024, la situación sigue siendo controversial debido a la disparidad entre lo estipulado por la legislación y lo que realmente reciben los reclusos.
Salario promedio
Según datos recientes, el salario medio que un preso puede ganar trabajando dentro de las prisiones españolas oscila entre los 200 y 300 euros al mes. Este salario depende del tipo de trabajo realizado y de las horas dedicadas. Los presos que trabajan como operarios base en talleres o en servicios dentro de las cárceles reciben una retribución por hora que varía entre 3,2 y 4,5 euros.
Legislación y realidad
La Ley Orgánica General Penitenciaria establece que los presos deben recibir un salario mínimo equivalente al 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). En 2024, el SMI se sitúa en 1.134 euros mensuales, lo que implicaría que un preso debería recibir al menos 850,50 euros mensuales si trabajara a jornada completa. Sin embargo, en la práctica, esta cifra rara vez se alcanza. Muchas veces, las retribuciones están por debajo de lo estipulado, reflejando una brecha significativa entre la ley y la realidad.
Tipos de trabajo
Los trabajos que realizan los presos en las cárceles varían desde labores de mantenimiento, lavandería, panadería, hasta trabajos para empresas externas a través de acuerdos con Instituciones Penitenciarias. En junio de 2024, se reportó que 11.375 internos de un total de 55.000 reclusos estaban empleados, representando aproximadamente el 20% de la población penitenciaria.
Polémicas y desafíos
La situación laboral de los presos no solo es un tema económico, sino también de derechos humanos. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha señalado en múltiples ocasiones que las condiciones laborales en las cárceles españolas a menudo violan los derechos establecidos en la Constitución, que garantiza a los presos el derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social.
Además, existe una crítica constante hacia las empresas que se benefician de la mano de obra barata de los presos, acusadas de aprovecharse de una situación vulnerable. A pesar de que se exige que los salarios de los presos tomen como referencia el SMI, en la práctica no siempre se cumple esta normativa, y las empresas logran reducir costos de manera significativa.