Begoña Gómez trató de presentar a la Universidad Complutense de Madrid (UCM) el 2 de julio las memorias de actividades y económicas de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva, pero se las rechazaron alegando que no podían ser objeto de aprobación por «prudencia», dada la «conexidad» con el procedimiento judicial abierto en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. Así consta en un acta de la Comisión Mixta de Seguimiento de esa cátedra extraordinaria, a la que ha tenido acceso Europa Press, y que se celebró el 2 de julio, un día después de que la UCM entregara al juez un informe en el que señalaba que no podía concluir, tras una investigación interna, que hubiera existido o no perjuicio sobre su patrimonio por los contratos y pagos que tuvieron lugar en el marco de la cátedra de Gómez.
En ese informe del 1 de julio, la UCM indicaba que reclamó documentos a Gómez el 11 de junio, que el 12 de ese mes ella respondió que recabaría todo para enviárselo, pero que en el momento de enviar el informe (1 de julio) no habían recibido nada. Apuntaba a una falta de «cooperación de determinados participantes en relación a los hechos y afectados por la cuestión». Sin embargo, un día después de ser enviado el informe al juez, se celebró una reunión de la comisión de seguimiento de la cátedra de Begoña Gómez en la que ésta, de acuerdo con el orden del día de la misma, iba a presentar memorias económicas que harían alusión a los gastos de desarrollo del software que la UCM analizaba por si hubiera una posible apropiación indebida. En esa comisión estuvieron de manera presencial el vicerrector de Relaciones Institucionales, José María Coello de Portugal; la directora de la Escuela de Gobierno de la UCM, Carmen Mitxelena; el subdirector general de la Fundación La Caixa, Marc Simón; la directora de la Cátedra Extraordinaria para la Transformación Social Competitiva, Begoña Gómez; el co-director de esa cátedra, José Manuel Ruano; y la secretaria no vocal de la cátedra, Blanca de Juan de Castro.
El primero de los puntos que se trató fue la lectura del acta de la reunión de la comisión mixta celebrada en febrero de 2023 y el vicerrector se negó a aprobar las mismas porque consideraba que no se habían anexados las memorias de la cátedra. Frente a esto, Begoña Gómez tomó la palabra para explicar que sí habían sido presentadas las actividades desarrolladas, por lo que consideraba que no había impedimento para aprobar el acta de la reunión de 2023. Entonces, Coello de Portugal dijo, según el acta, que «por aplicación del principio de prudencia, en su opinión debería dejarse en suspenso la aprobación, sin perjuicio de que pudiese aprobarse en una reunión posterior, en función de la evolución de las circunstancias». El co-director de la cátedra, Ruano, sostuvo que no había conexidad entre las diligencias de investigación de los juzgados y la aprobación de las actividades de la Cátedra Extraordinaria, a lo que el presidente de la comisión respondió que sí existía tal conexidad. Begoña Gómez tomó una segunda vez la palabra para advertir de que en reuniones anteriores de la comisión «las actividades desarrolladas en el seno de la Cátedra Extraordinaria» fueron «relatadas, sin envío previo del documento de las memorias». Y tras esto, Ruano volvió a hacer uso de la palabra para afear al vicerrector que hubiese convocado la comisión a tres días de la primera declaración de Begoña Gómez ante el juez (el 5 de julio).
«Por decisión» de Coello de Portugal
Gómez añadió que, dado que no se iba a aprobar el acta y las memorias en ese primer punto del orden del día, quería que constara que era «por decisión del presidente --Coello de Portugal--, por aplicación del mencionado principio de prudencia». El presidente de la comisión reiteró entonces que por prudencia no se debía aprobar nada que fuera «objeto de diligencias judiciales». «De esta forma, habiéndose constatado la incidencia de una actuación externa a la universidad, debe esperarse a que tal actuación se resuelva para ejercitar en cuanto al fondo las competencias administrativas de la comisión, dada la preferencia o prevalencia de aquellas diligencias sobre la materia administrativa», incidió según el acta de la sesión. El representante de la Fundación La Caixa tomó entonces la palabra por primera vez para matizar que en todo caso debía subrayarse que si no se aprobaba ese acta de febrero de 2023 con las memorias de la cátedra era por prudencia y no debido «a defectos de contenido». Pero Coello de Portugal respondió que tanto por prudencia como por «la prevalencia de la actividad judicial y como por desconocimiento de las actividades desarrollada puesto que no han sido presentadas --las memorias-- con carácter previo».
«Puesta en común»
Esta respuesta del vicerrector ocasionó que Gómez de nuevo interviniera para recordar que las memorias de la cátedra se habían llevado a la comisión mixta «redactadas» para «ponerlas en común con el resto (...), como se ha hecho en otras ocasiones». Una vez que votaron y tumbaron esa aprobación del acta de febrero de 2023, se pasó al siguiente punto que era el de la aprobación de la Memoria de Actividades 2023 y Memoria Económica 2023 de la Cátedra Extraordinaria para la Transformación Social Competitiva. El vicerrector indicó que «tampoco» le constaba la puesta a disposición de los miembros de la Comisión Mixta de los documentos, y que no era suficiente con un informe verbal. Gómez indicó entonces que en anteriores ejercicios «la información sobre las actividades no se enviaba, y se llevaba directamente a las reuniones de la Comisión», y pidió que constara que la memoria de actividades estaba elaborada, que justificaba todas las actividades realizadas cada mes del año y que se había traído a la presente comisión. Sobre la Memoria Económica de 2023, el vicerrector aseveró en esa reunión que también resultaba imposible su aprobación ya que no le constaba su elaboración hasta el momento de la constitución de la comisión mixta. Una vez que se votó que no se aprobaba ese punto del orden del día, Begoña Gómez tomó de nuevo la palabra para poner de manifiesto que para la siguiente reunión enviaría la Memoria de Actividades «con dos semanas de antelación», algo que, añadió, «anteriormente nunca se solicitó». Además, indicó que puesto que no iban a ser objeto de aprobación, entonces no hacía entrega de las memorias.
Delincuente.