Los hijos menores de madres maltratadas, así como los adolescentes que sufran sumisión química o pinchazos, serán atendidos como víctimas de violencia infantil en todos los niveles asistenciales del sistema sanitario, de acuerdo al protocolo de que ha diseñado el Ministerio de Sanidad con las comunidades.
Este protocolo, aprobado por la Comisión frente a la Violencia en los niños, niñas y adolescentes del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CoViNNA) y publicado este lunes, unifica, a partir de las distintas estrategias autonómicas, la respuesta que el ámbito sanitario debe dar a la violencia en la infancia y la adolescencia a nivel nacional.
Tipos de violencia infantil
El documento recoge una docena: la negligencia, la violencia emocional o psicológica; la física y sexual; la trata y explotación infantil; la violencia de género y la mutilación genital femenina -que cuenta con su propio protocolo sanitario-; y el maltrato prenatal y perinatal.
También el trastorno facticio inducido por la persona cuidadora -situaciones en que un niño recibe atención médica innecesaria y dañina o potencialmente dañina debido a una persona responsable-; la violencia ejercida en las instituciones y otras prácticas como la sumisión y/o vulnerabilidad química; las agresiones con objetos punzantes; el acoso y ciberacoso; la difusión pública de datos o material audiovisual privados, el matrimonio forzado o el odio.
La violencia sexual se dispara un 133%
Dirigido a todos profesionales que tienen contacto con menores, tanto asistenciales como no asistenciales, el protocolo dedica un papel primordial de la Atención Primaria, que deberá hacer preferentemente la valoración del riesgo psicosocial, el seguimiento, derivación y coordinación a servicios sociales, salud mental infanto-juvenil, unidad de pediatría social hospitalaria u otra unidad especializada si se precisa.
El Registro Unificado de Maltrato Infantil (RUMI) contabilizó 21.521 notificaciones en 2021, lo que supuso un incremento del 37,18 % respecto al año anterior pero, tal y como advierte el documento, «como ocurre a nivel internacional, diversos estudios de prevalencia muestran que está infranotificado».
Para «toda la vida»
La violencia infantil afecta a la salud y el bienestar «a lo largo de toda la vida, constituyendo un grave problema de salud pública», resalta el protocolo; el estrés que conlleva afecta al desarrollo cerebral, sobre todo durante los primeros años de vida, y en la adolescencia pueden verse afectado el vínculo de apego, problemas cognitivos, de lenguaje, desarrollo psicomotor, mayor impulsividad y baja autoestima, etc.
También afecta a los sistemas endocrino, circulatorio, osteomuscular, reproductivo, respiratorio e inmunológico, sin olvidar los costes económicos derivados de su abordaje: el gasto anual estimado para España únicamente de la violencia sexual en menores es de 979 millones de euros, sin contar con datos de lo que se invierte en prevención de la violencia, sensibilización y educación.
El abordaje integral de la violencia infantil en el ámbito sanitario empezará desde el mismo momento de su detección o sospecha de un posible caso, atendiendo a unos indicadores específicos de cada tipo e violencia a los que deberán prestar atención los profesionales sanitarios.