JxCat ha pedido amparo a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ante la «injerencia inadmisible» del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra unas declaraciones de la portavoz de Junts en la cámara baja, Miriam Nogueras. La polémica arreció en el debate para la creación de una comisión de investigación sobre la llamada Operación Cataluña -la presunta trama parapolicial urdida durante el Gobierno del PP para atacar al independentismo-, cuando Nogueras lanzó acusaciones contra jueces ligados a causas del 'procés', como Manuel Marchena, Pablo Llarena y Carmen Lamela, además del expresidente del Tribunal Supremo Carlos Lesmes, a quienes tachó de «indecentes» y pidió que fueran juzgados.
El presidente del CGPJ, Vicente Guilarte, exigió a los políticos que no contribuyan a «minar la confianza de los ciudadanos en la Justicia»: «Por favor, rebajen la tensión. Déjennos en paz», pidió, mientras que un grupo de 21 fiscales del Tribunal Supremo solicitó al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que adopte las «medidas y acciones legales pertinentes» ante «los insultos, amenazas y falsas acusaciones» de Nogueras. Este miércoles, en un comunicado, JxCat ha salido en defensa de Nogueras ante las «graves manifestaciones de quien representa el CGPJ».
En su comunicado, Junts explica que su grupo parlamentario en el Congreso presentó el pasado lunes un escrito dirigido a Armengol, en el que le pide «amparo» y la invita a «valorar la necesidad de iniciar los trámites» para presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional, con el fin de que «el CGPJ rectifique en el plazo legalmente establecido, ya que no le corresponde atribuirse la función de llamar al orden a los diputados» por sus declaraciones ni «tutelar el funcionamiento de las comisiones parlamentarias».
Según JxCat, las reacciones provocadas por las palabras de Nogueras son «una prueba más de la politización de la justicia española que tanto ha interferido en el funcionamiento del poder legislativo y ejecutivo, especialmente en Cataluña». «En un Estado de Derecho, el CGPJ no puede adoptar decisiones ni realizar pronunciamientos asumiendo atribuciones que las leyes confieren a otros órganos constitucionales», advierte.
Para JxCat, «la voluntad del CGPJ, expresada a través de comunicados los días 5 y 13 de diciembre, de rechazo, oposición y vigilancia a la actividad parlamentaria y, en concreto, al desarrollo de las comisiones, supone una injerencia inadmisible que vulnera, una vez más, la separación de poderes». «Además, significa una injerencia que atenta contra la inviolabilidad de la cámara y la de sus representantes, claramente contraria a la normativa vigente», denuncia JxCat.