La portavoz nacional de Ciudadanos, Patricia Guasp, ha denunciado este jueves la «corrupción asquerosa que corre por las venas» de PSOE y PP, en alusión al «caso Mediador», una trama de corrupción de la que el exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo sería el cabecilla. En declaraciones frente a las puertas del Mobile World Congress (MWC), Guasp ha afeado a los populares, «el partido de la Kitchen y de la Gürtel», que «den lecciones» al «PSOE de los ERE», además de subrayar que CS fue el primer partido en pedir una comisión de investigación en el Congreso.
«El caso Mediador es todo lo contrario a lo que yo he visto en este congreso de tecnología: es volver a la corrupción tan asquerosa que corre por las venas tanto del PSOE como del PP», ha señalado la portavoz nacional naranja. Así, se ha mostrado partidaria de que los «políticos corruptos desfilen en una comisión de investigación» para que «rindan cuentas» por haber «gastado dinero público y haber utilizado el Congreso» como «centro de operaciones» para una trama «ya no solo corrupta, sino vergonzosa y vergonzante».
Frente a esta situación, Guasp ha asegurado que «esto no pasa en ninguna otra parte de Europa» y que, en el caso de que se diese, «al primer día ya habría dimitido incluso el presidente». Por otra parte, ha acusado al Gobierno central de «expulsar» a empresas de España, en alusión a la decisión de Ferrovial de plantear el traslado de su sede social a Países Bajos. «¿En qué país antidemocrático se están mirando para que nuestras empresas se estén marchando fuera, para generar más inseguridad jurídica, más inestabilidad política?», se ha preguntado.
La portavoz nacional de la formación naranja ha asegurado que «no se pueden permitir» palabras como las de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien «acusó de dumping fiscal a un socio europeo», los Países Bajos. Ante esta situación, Guasp ha avanzado dos propuestas de CS de cara a las elecciones generales: la generación de «toda la normativa y la seguridad jurídica» para que se puedan crear empresas «en 24 horas, como se hace en el resto de países europeos»; y la inversión del 3 % del PIB a la «innovación y a la investigación».