Cinco mujeres vinculadas al movimiento okupa y anticapitalista han presentado este martes una querella en los juzgados de Barcelona contra un policía nacional que aseguran las utilizó mientras estuvo supuestamente infiltrado en movimientos sociales y sindicales de la capital catalana, entre los años 2020 y 2022. Según han difundido diversos medios de Catalunya, el agente denunciado se hacía llamar Daniel Hernández Pons y aseguraba ser mallorquín. No obstante, fuentes consultadas por este diario desmintieron categóricamente que el policía hubiera nacido en la Isla.
En rueda de prensa, las abogadas Anaïs Franquesa, Mireia Salazar, Laia Serra y Sònia Olivella del centro pro derechos humanos Iridia y la CGT han anunciado la presentación de la querella, que se deriva de una información del periódico «La Directa» que afirma que un policía nacional estuvo infiltrado durante dos años en colectivos sociales y sindicales, principalmente del barrio de Sant Andreu. La querella acusa al policía, así como a su superior jerárquico, de haberse aprovechado de cinco activistas con las que mantuvo «relaciones sexoafectivas», en el marco de su proceso de infiltración.
Por ese motivo, han denunciado a los agentes por los delitos de abusos sexuales continuados, tortura o contra la integridad moral, descubrimiento de secretos e impedimento del ejercicio de los derechos civiles. En total sumarían una veintena de supuestos delitos, ya que cada una de las afectadas se ha querellado por los cuatro mencionados previamente, y desde Irídia no descartan «que en un futuro inmediato se pueda ampliar el número de mujeres afectadas», ha precisado la letrada Laia Serra.
Las abogadas han insistido en que la supuesta infiltración del policía supone «violencia sexual institucionalizada», dado que habría utilizado las relaciones con las activistas «para acceder a sus informaciones íntimas, personales y políticas» con el objetivo de entrar en espacios políticos de la sociedad civil.
Al respecto de los delitos de agresión sexual argumentan que «no puede haber consentimiento si no es libre e informado» y que en este caso las mujeres no habrían consentido si hubieran sabido que se trataba de un agente de policía. Además, han recordado que la infiltración de agentes «sólo tiene justificación legal en el marco de la lucha contra el crimen organizado o el terrorismo».
Consideran también que el agente habría incurrido en un delito de tortura porque se ha atentado «de manera directa contra la integridad moral de las personas afectadas» con la finalidad de conseguir información y «castigar a estas mujeres por tener una implicación política», añade la abogada. Además, según Serra, con la supuesta infiltración el policía habría «podido compartir toda esta información con sus jefes», motivo por el cual lo acusan de un delito de revelación de secretos.