Subvención al combustible, abonos para transporte ferroviario, ayudas a las familias con menos recursos, entre muchas otras acciones, componen las medidas del recetario del Gobierno de España para luchar contra los efectos económicos y sociales a los que la guerra de Ucrania nos ha arrastrado. Todas esas acciones han tenido su incidencia en las arcas públicas, y así lo demuestra la evolución de la deuda soberana. Quizás por ello sea menos recomendable que nunca aplicar un tijeretazo a la recaudación en forma de eliminación de impuestos. Según reflejan las estadísticas oficiales, en la segunda mitad del año 2022 lo adeudado por el conjunto de las administraciones públicas de España ha alcanzado el máximo histórico de 1,475 billones de euros, que en términos relativos indica un aumento del 1,5 % respecto al trimestre anterior.
Así, la deuda pública en España moderó su peso sobre el PIB nacional, y la ratio se situó en el 116,1 % según los últimos datos proporcionados por el Banco de España. El pasado mes de junio este indicador alcanzó el pico del 117,7 % de toda la riqueza generada por nuestro país en un año, una cifra considerable viendo donde se situaba hace tan solo unos pocos años, antes del inicio de la pandemia de coronavirus. Así, según Eurostat, España registraba en 2019 el 95,5 por ciento de deuda pública en referencia a su volumen de creación de riqueza al cabo de doce meses. Esa cifra era inferior a la de Francia (98,1 %) y un dato considerablemente menor al que mostraba Portugal, instalado por aquel entonces en el 117,7 %.
El año 2020, en pleno despliegue del paraguas social de los ERTE con que el ejecutivo de coalición sobrellevó la gestión de la pandemia de Covid, se alcanzó un máximo en inversión pública, y ello se tradujo en el incremento destacado de la deuda per cápita. Así en el año 2021 cada español adeudó más de 30.000 euros a los acreedores internacionales, y en el primer semestre de 2022 esta estadística asciende ya a los 30.651 euros. Una cifra significativa, y más teniendo en cuenta que hace veinte años, en 2002, la deuda pública per cápita en España marcaba los 9.184 euros.
No hacen falta muchas luces para advertir el terreno pantanoso en el que, desde hace un tiempo, se adentra la economía española con respecto a su deuda. Si lo redondeamos con la actual senda de 'guerra de los impuestos', en la que parecen haberse enzarzado los políticos españoles en los tiempos preelectorales actuales, la deuda puede seguir aumentando si no se toman las recetas indicadas.
Asimismo, el debate en los foros internacionales no es exactamente este, y algunas voces expertas han llamado a la atención sobre los datos. En concreto, desde el Fondo Monetario Internacional (FMI), se advierte de la conveniencia de contener el gasto público en un contexto de alta inflación. Según el ente económico, las medidas se deben centrar en el apoyo a los colectivos más desfavorecidos, o de lo contrario podrían servir de acicate para que los precios sigan incrementándose. Menos impuestos y más ayudas a los vulnerables aparentemente no son realidades compatibles.
En palabras de la directora del FMI y excomisaria europea Kristalina Georgieva, la política fiscal da margen a la acción mientras la política monetaria debe seguir la senda de incrementos de tipos de interés para amortiguar los rigores de un final de 2022 complicado, y el inicio del nuevo año 2023 que según Georgieva va a ser peor. Recordemos que la organización internacional que vigila la globalidad del sistema financiero, con sede en Washington, ha corregido varias veces a la baja sus previsiones de crecimiento para la eurozona, en un contexto marcado por el aumento de precios de la energía con el trasfondo de la invasión rusa en Ucrania.