La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha sacado pecho de las medidas adoptadas por el Gobierno para hacer frente a la crisis energética desencadenada por la invasión rusa de Ucrania y ha advertido al PP que frente a ello no cabe ni mirar al pasado ni adoptar medidas para dentro de 20 o 30 años. Ribera ha comparecido en rueda de prensa en Menorca para hacer balance de la primera semana de las medidas contenidas en el real decreto de ahorro energético así como del impacto que ha tenido la llamada 'excepción ibérica' en los bolsillos de los consumidores en las últimas semanas.
La vicepresidenta tercera ha incidido en la importancia de que tanto la sociedad española como «las fuerzas políticas, y en particular aquellas fuerzas políticas que dicen aspirar a gobernar, entiendan que es capital esforzarse hoy para poder ofrecer solidaridad para con el resto de los socios europeos» a la hora de hacer frente al «chantaje energético» del presidente ruso, Vladímir Putin. «No vale hablar de medidas de dentro de 20 o 30 años, no vale mirar al pasado, no vale criticar siempre, no vale buscar siempre un problema para cada una de las soluciones», ha lanzado Ribera, en un mensaje claramente dirigido al PP, insistiendo en la necesidad de buscar «soluciones concretas» a los problemas que van surgiendo.
«Es obvio que los precios están por encima de lo que nos gustaría pero es obvio también que están por debajo de que hubiéramos tenido que afrontar en ausencia de estas medidas», ha puesto en valor la titular de Transición Ecológica. Por otra parte, preguntada por cómo ha sido la reacción de las comunidades autónomas ante el paquete de medidas y su implementación, Ribera ha dicho que la «primera impresión» que tiene es que dicha reacción ha sido «extraordinariamente positiva, comprometida y en línea con el contexto en el que nos estamos moviendo».
No obstante, ha acotado, «esto no significa que pueda haber todavía cuestiones pendientes de aclarar o de evolución y precisión por parte de las comunidades autónomas en la aplicación de la norma» en determinados contextos en relación con el derecho laboral o las circunstancias de trabajo que requieran algún tipo de excepción. «La respuesta en general ha sido extraordinariamente positiva», ha rematado.