La futura ley sobre «lootboxes» o cajas botín que se activan en algunos videojuegos y permiten superar retos a cambio de pagar con moneda virtual o real estarán prohibidos para los menores y, para ello, el acceso al juego requerirá el DNI o biomarcadores, que atestigüen la edad del jugador. Así consta en el anteproyecto de ley que este viernes inicia el proceso de audiencia pública y que estará abierto hasta el 23 de julio. Una vez que se valoren las aportaciones a la norma, el texto pasará a Consejo de Ministros y, tras su aprobación, comenzará la tramitación parlamentaria como proyecto de ley. Según el texto del anteproyecto al que ha tenido acceso Efe, la norma afectará «solo y exclusivamente» a los denominados mecanismos aleatorios de recompensa (MAR) cuando los premios cuesten dinero u otros objetos virtuales adquiridos con dinero, directa o indirectamente, y aquí entran, por ejemplo, las criptomonedas.
La norma afectará a las cajas botín que estén dentro de los videojuegos y a las plataformas de intercambio que tienen estos mecanismos de recompensa aunque sean ajenas a las de videojuegos. Además de la prohibición de acceso a los menores, para los mayores de 18 años existirán posibilidades para limitar los gastos. Estas limitaciones podrán ser parciales en el tiempo de juego y el importe máximo de gasto y totales, con un sistema de autoexclusión para aquellas personas con problemas de adicción que voluntariamente se autoprohíben el acceso. La norma también establece que los operadores estarán obligados a dar información veraz sobre las probabilidades reales de obtener un premio. Y en cuanto a la publicidad, queda prohibida la física (cartelería exterior o medios impresos) y la «online» en entornos web incluidas las redes sociales no relacionadas con videojuegos. En medios de comunicación como radio o televisión queda prohibida salvo en la franja de una a cinco de la madrugada.
La norma establece un régimen sancionador por infracciones que va desde leves, con multas de hasta 25.000 euros, y graves, con sanciones que oscilan entre los 25.000 y 200.000 euros. En el caso de infracciones muy graves, las multas pueden ir desde los 200.000 euros hasta los tres millones. Además, contempla la clausura de los medios por los que se prestan los servicios o permiten la activación de los mecanismos aleatorios de recompensa (MAR). Con este anteproyecto se trata de poner límites a las transacciones compulsivas e impulsivas que generan algunos videojuegos y avanzar en la prevención de las ludopatías, según palabras del ministro de Consumo, Alberto Garzón.
Un estudio publicado, hace un año, por el Grupo de Ciberpsicología de la Universidad Internacional de La Rioja revelaba que el 29 % e los menores de edad españoles compró en los últimos doce meses cajas botín en videojuegos y el 91% lo hizo con el conocimiento de su familia. El estudio «Cajas de botín en menores de edad españoles: relación con problemas de videojuego y apuestas 'online'» también desveló que el 20,2 % aseguró haber comprado entre una y cinco cajas en un mes y el 5,5% había gastado más de 100 euros mensuales en este tipo de transacción.