Sindicatos policiales han alertado de un «verano caliente» por la posibilidad de que aumente la presión migratoria desde Argelia en represalia por el apoyo del Gobierno de Pedro Sánchez al plan marroquí sobre el Sáhara Occidental. Denuncian problemas en los centros temporales de atención para migrantes y también para el dispositivo de la Operación Paso del Estrecho (OPE), que se reactiva tras dos años de pandemia de COVID-19. El SUP valora que el Ministerio del Interior haya anunciado un refuerzo de 3.629 agentes dentro de la Operación Verano 2022 en las nueve comunidades autónomas con más afluencia de turistas --que se une a otros planes como el que desplegará 500 policías en aeropuertos--, pero apuntan que son «insuficientes» los medios actuales, «especialmente en algunos puntos de la costa este de Andalucía, Murcia, Alicante y Baleares, que se están revelando como nuevas vías de entrada de pateras a Europa».
«Mientras todos los indicadores alertan de la llegada de un verano caliente en materia de inmigración ilegal, los refuerzos de la Operación Verano del Ministerio de Interior son insuficientes», han señalado desde este sindicato. «Volvemos a denunciar la falta de protocolos, personal, medios materiales e instalaciones para hacer frente a la nueva ola de inmigración ilegal que, como cada verano, llega a nuestras costas», han añadido. El SUP pone como ejemplo de esta situación que en Cartagena (Murcia) seis policías se han ocupado de desembarcar a 500 inmigrantes llegados a la costa en varios días desde hace un par de semanas o que en Lanzarote, «como en otros muchos lugares», las patrullas se ven obligadas a dejar sus tareas de seguridad ciudadana para atender la llegada de pateras, «en detrimento del ciudadano». «Se está convirtiendo en costumbre algo tan irregular como que dos policías se encarguen de custodiar a 150 inmigrantes durante horas», denuncia en un comunicado.
El sindicato se centra en la situación de los Centro de Atención Temporal a Extranjeros (CATE), las instalaciones pensadas para una estancia máxima de 72 horas en caso de picos de llegadas. La de Baleares, en el antiguo cuartel de Son Tous, sigue en obras desde el pasado invierno y, según el SUP, «improvisa el realojo de inmigrantes en condiciones penosas para ellos y para los policías que trabajan con estas personas». Del CATE de Cartagena añaden que sí está terminado, «pero permanece cerrado por las disputas entre administraciones», mientras que otros centros funcionan «al límite de sus posibilidades por culpa del déficit de personal». «No se puede seguir detrayendo policías y patrullas de seguridad ciudadana que dejan de atender sus localidades para acudir a resolver los problemas migratorios», prosigue el SUP, que reclama un responsable de servicio en cada lugar, un mínimo de policías para garantizar la custodia de inmigrantes, un protocolo para hacer frente a los desembarcos e instalaciones limpias y adecuadas para policías e inmigrantes. «Y todo esto remunerado como servicios extraordinarios», concluyen.
También ha denunciado en las últimas horas que la reanudación de las líneas marítimas de pasajeros y vehículos con Marruecos no cuenta con los policías suficientes, por lo que reclama que de manera urgente el Ministerio del Interior cree una comisión de servicio suficiente para la Frontera Marítima de Algeciras. Según este sindicato, más de 100 policías abandonarán la Comisaría de Algeciras por «falta de incentivos» --las organizaciones, de hecho, llevan meses reclamando la declaración de zonas de especial singularidad para liberar bonus económicos--, lo que eleva el déficit de plantilla en 300 policías. «Se prevé una afluencia masiva de pasajeros y haría falta al menos duplicar el personal de la plantilla para afrontarla con garantías, al tratarse de una de las principales fronteras Shengen de Europa y debe ser tratada como tal», han añadido desde JUPOL.