Tras solicitar Abengoa la mayor suspensión de pagos desde la recesión de 2008, sus accionistas minoritarios agrupados en AbengoaShares confían ahora en tomar las riendas y pedir un rescate público que salve parte de su inversión, así como los más de 14.000 empleos que dependen del grupo.
«El hecho de que (el lunes) se solicitara el concurso no tiene por qué impedir que reflotemos la empresa, salvemos todos los empleos e incluso hagamos crecer el negocio», ha explicado a Efe Clemente Fernández, quien previsiblemente la semana próxima se convertirá en el presidente del Consejo de Administración del la firma de ingeniería sevillana.
Deuda
Con una deuda de unos 6.000 millones (según las cuentas sin auditar de 2019, porque la empresa no ha presentado las de 2020), la matriz del grupo está abocada a protagonizar el mayor concurso de acreedores desde Martinsa Fadesa (7.200 millones), por delante de Reyal Urbis (4.600 millones, en 2013).
Concretamente, al cierre de 2019 la firma acumulaba 4.225 millones de deuda corporativa, 1.205 millones pendientes de pagos a proveedores y unos 560 millones en financiación de proyectos.
Fernández -titular de 10 millones de acciones de Abengoa (menos del 0,1 % de derechos de voto), después de haber invertido unos 400.000 euros- tiene amplia experiencia en concursos y reflote de empresas (entre ellas Amper, que presidió) y confía en que no se pierda ninguno de los 14.000 empleos (2.500 de ellos en España y el resto muy diseminados por todo el mundo).
Minoritarios reconvertidos
Si todo sale según lo previsto, el 4 de marzo se celebrará una junta en la que AbengoaShares, el síndico de minoritarios que encabeza Fernández y que representan al 17 % del capital, nombrará los tres miembros del Consejo de Administración: el propio Fernández, el expresidente de Cantabria José Joaquín Martínez Sieso y el empresario José Alfonso Murat Moreno.
Los tres encabezan la sindicatura que pretende liderar la nueva etapa de la empresa, que cuenta con unos 90.000 accionistas. Se trata de la segunda ocasión en la historia en la que se constituye esta figura en España, según Fernández, que en 2009 encabezó también la primera, en el seno de Dogi.
El síndico controla el 17 % del capital, con lo que, paradógicamente, los cerca de 3.000 minoritarios a los que agrupa se han convertido en el accionista mayoritario de Abengoa. El Gobierno controla otro 3,1 % y el 'pool' bancario acreedor más del 5,7 % (el 2,85 % sólo el Santander), siempre según AbengoaShares.
Rescate público
«Previsiblemente la designación del administrador concursal se demore al menos un mes, en ningún caso antes de la junta, y luego se irán tomando las decisiones de manera consensuada», explica confiado Fernández.
De hecho, no parece preocuparle que el fondo de rescate de SEPI para empresas estratégicas esté diseñado expresamente para tratar de salvar compañías que hayan dejado de ser viables a causa de la pandemia, mientras que Abengoa ya se salvó in extremis del concurso en 2016.
«El fondo de rescate es la opción más realista y factible, porque a los 'icos' no podemos recurrir estando en concurso», explica.
El último plan de salvación pasaba por la inyección de 550 millones en créditos y abales de Cesce (250) , la banca acreedora (180, con avales del ICO), ICO (50) y la Junta de Andalucía (20). La ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha defendido precisamente que el Gobierno estaba dispuesto a aportar en conjunto casi 500 millones.
La ausencia de la aportación andaluza fue la que derivó en la presentación del concurso, aunque el presidente andaluz, Juanma Moreno, ha asegurado hoy que a la «Junta no se le puede imputar ninguna responsabilidad» y ha defendido que esos 20 millones «no hubieran contribuido a poder mejorar la situación» de una empresa con «un descuadre de unos 6.000 millones».
conyuntura
Si la opción de la SEPI falla, otra sería captar una millonaria inyección de algún fondo de inversión. «Doce fondos ya se han dirigido a mí, porque es una empresa que suscita mucho interés», asegura Fernández, «es viable» y se dedica a un sector (energías renovables, desalación de aguas y proyectos de hidrógeno, entre otros) que está boyante.
Con un ebitda positivo de 300 millones en 2019, el problema, resume, es que «está ahogada por gastos financieros históricos».
En ese sentido, la portavoz del Gobierno ha expresado su deseo de que se pueda encontrar un socio inversor que sepa aprovechar el talento y «know-how» de «una de las empresas de ingeniería más importante» del país.
Sin embargo, el presidente de la Confederación Empresarial Sevilla (CES), Miguel Rus, ha señalado este martes que la solicitud de concurso de acreedores es un «duro golpe para el tejido productivo y el empleo» y una «mala noticia para Sevilla y para España», porque es una «empresa tractora de la industria auxiliar y un referente en la internacionalización de las empresas sevillanas».