El Pleno del Congreso ha convalidado este jueves los decretos leyes aprobados por el Gobierno en septiembre para prorrogar el sistema de protección al empleo de los ERTE y las medidas del denominado 'escudo social', así como la nueva regulación del teletrabajo. Estos decretos están en vigor desde su aprobación en el BOE pero, conforme a la Constitución, el Congreso debe pronunciarse para convalidarlos o, en su caso, derogarlos.
Los grupos tienen también la oportunidad de tramitarlos como proyectos de ley para poder proponer cambios a través de enmiendas.
En este caso, el Congreso ha aprobado tramitar como proyecto de ley la regulación del teletrabajo pero ha rechazado abrir la puerta a cambios al decreto de prórroga de los ERTE y en el que regula el teletrabajo en la Administración.
La prórroga de los ERTE ha contado con el respaldo del PSOE, el PP, Vox, Unidas Podemos, Esquerra Republicana, Junts, el PNV y EH-Bildu, con únicamente la abstención del BNG. El PSOE, Unidas Podemos, ERC, el PNV y EH-Bildu han rechazado su tramitación como proyecto de ley.
En el caso de la regulación del teletrabajo, todos los grupos han votado a favor a excepción de Foro Asturias, que ha votado en contra, y de Vox, UPN y el BNG, que se han abstenido. En este caso, los grupos sí han abierto la puerta a introducir cambios vía enmiendas.
Finalmente, en el caso del decreto con la regulación del trabajo a distancia en la Administración, este ha sido convalidado con los votos del PSOE, Unidas Podemos, ERC, Ciudadanos, Junts, el PNV y EH-Bildu, mientras que el PP, Vox y UPN han votado en contra. Ciudadanos y el BNG se han abstenido.
Aprobada también con el aval de los sindicatos CC.OO. y UGT y las patronales CEOE y Cepyme, la regulación del teletrabajo considera esta opción como regular si alcanza al menos el 30% de la jornada, siendo sufragado o compensado por la empresa y sin suponer gastos por parte del trabajador con los equipos, herramientas y medios vinculados al desarrollo de su actividad laboral.
En términos generales, el trabajo a distancia será voluntario y reversible y requerirá la firma de un acuerdo por escrito, que podrá formar parte del contrato inicial o realizarse en un momento posterior, sin que esta modalidad pueda ser impuesta.
Otro de los decretos leyes sometidos a convalidación contiene la prórroga hasta el 31 de enero del sistema de los ERTE y de parte de las medidas de protección social, el conocido como 'escudo social', como el veto a los desahucios, los alquileres 'abusivos' y las medidas relativas a los grandes tenedores. Sin embargo, la prórroga no incluye ni la moratoria hipotecaria ni la prohibición de cortar el suministro de agua, electricidad y gas.
En la prórroga de los ERTE, su prórroga extendió los ERTE de fuerza mayor a determinados sectores e incluyó dos nuevas figuras, de limitación y de impedimento, disponible para todas las empresas afectadas por restricciones sanitarias por la pandemia.
Asimismo, el acuerdo prorroga la prestación extraordinaria por cese de actividad para autónomos, con una nueva ayuda por bajos ingresos para quienes no cumplan los requisitos de acceso, así como la «prohibición» al despido por causas objetivas, y la suspensión de los contratos temporales, incluidos los formativos, de relevo e interinidad.
El Gobierno también ha defendido Pleno el decreto ley con la regulación básica del teletrabajo para los empleados públicos de todas las administraciones, en torno a 2,5 millones de trabajadores, si bien cada comunidad autónoma procederá al desarrollo normativo que considere oportuno en el plazo de seis meses.
Esta norma, acordada con los sindicatos de la administración CSIF, CC.OO. y UGT, incorpora en el Estatuto Básico el teletrabajo como una modalidad organizativa, recoge que no podrá suponer ningún incumplimiento de la jornada y el horario y de la normativa en materia de protección de datos de carácter personal, y establece como requisito previo la valoración del carácter susceptible de poder realizarse las tareas asignadas al puesto y la formación en competencias digitales.
Este mismo decreto ley también incluye una de las medidas aprobadas en ese Consejo de Ministros para reforzar la contratación en la Sanidad y en la Educación con motivo de la emergencia por la pandemia de Covid.
En este caso, se permitió a las comunidades autónomas y al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) la contratación excepcional de personal facultativo y no facultativo para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 que, aun teniendo el grado, licenciatura o diplomatura correspondiente, carezca del título de especialista reconocido en España para realizar funciones propias de una especialidad.
Con esta medida, el Gobierno calcula que podrían contratarse unos 10.000 sanitarios facultativos por parte de las comunidades autónomas, 4.557 de ellos en el ámbito de la Medicina que realizaron las pruebas selectivas de la convocatoria 2019/2020 y que no tienen plaza.