El Tribunal Supremo ha rechazado la petición de la entidad Omnium Cultural de adoptar medidas cautelares contra el rey emérito, porque el sistema procesal no permite dar ese tipo de pasos cuando la persona no tiene la condición de investigado (antes denominado imputado), como es el caso de Juan Carlos I.
En una providencia dictada este miércoles, la Sala de vacaciones del Supremo descarta adoptar las medidas solicitadas por Òmnium, que presentó este martes en el alto tribunal una petición urgente para activar la «búsqueda internacional» del rey Juan Carlos y para que fuera citado a declarar de manera inmediata como investigado .
«Nuestro sistema procesal no contempla la adopción de medidas cautelares respecto de quien no tiene la condición de investigado», se indica en la providencia del Supremo, cuya Fiscalía ha asumido la investigación del presunto pago de comisiones en la construcción del AVE a La Meca al comprobar que una de las personas que podrían estar involucradas en los hechos sería Juan Carlos de Borbón.
La entidad independentista anunció la petición de medidas cautelares después de que este lunes el Palacio de la Zarzuela difundiera una carta del rey emérito a Felipe VI en la que le comunicaba su decisión de trasladarse a vivir fuera de España ante la repercusión pública de «ciertos acontecimientos pasados» de su «vida privada».
El Supremo debe todavía decidir si admite a trámite la querella presentada por Òmnium contra el rey emérito el pasado julio por los delitos de corrupción, blanqueo de capitales y fraude fiscal.
Enmarcada en su campaña «Hagámosla caer», la organización explicó que no confiaba en el Supremo, pero que acudía a esa instancia para «fiscalizar» el papel de al Fiscalía y evitar que sirva para tapar «las vergüenzas» de la corrupción.
La Fiscalía General del Estado ha reforzado el equipo de fiscales que se encargan de la investigación sobre el presunto pago de comisiones en la construcción del AVE a La Meca, en las que podría estar involucrado Juan Carlos de Borbón.
La Fiscalía del Supremo asumió la investigación procedente de Anticorrupción y trata de «delimitar o descartar» la relevancia penal de los hechos ocurridos desde junio de 2014, cuando Juan Carlos I dejó de ser jefe del Estado y perdió la inviolabilidad, según el Ministerio Público.