El Ministerio de Sanidad estudiará este viernes con las comunidades autónomas el uso obligatorio de las mascarillas en lugares públicos, una decisión que «no es sencilla» y que el ministro Salvador Illa quiere que sea «lo más consensuada posible».
Lo ha avanzado Illa este jueves en su comparecencia semanal en la Comisión de Sanidad del Congreso, en la que varios grupos, como PP, Ciudadanos o Vox, le han reclamado que haga obligatorio el uso de este material de protección, que, en palabras del ministro, nos recuerda que «no estamos como antes».
«Lo estamos discutiendo y vamos a ver si podemos tomar una decisión lo mas consensuada posible», ha recalcado Illa, que ha reconocido que el pasado lunes ya pidió su opinión a los consejeros de Sanidad sobre si consideraban en esta etapa de la desescalada «ir un poco más allá» en el uso de las mascarillas.
«Hay argumentos a favor y en contra, y nosotros nunca nos hemos negado», ha dicho.
Será en el Consejo Interterritorial de Salud, que se reúne mañana, cuando el Ministerio y las comunidades evalúen si deben ser o no obligatorias; hasta ahora solo lo son en el transporte público y, «altamente recomendable» -ha incidido-, en la vía pública y necesaria cuando no se puede guardar la distancia de dos metros.
No obstante, Illa ha vuelto a insistir en que hay gente que no puede llevarlas: «No es tan sencillo: hay una serie de consideraciones técnicas que hay que tomar en consideración», ha dicho.
Sobre las mascarillas se han referido en esta jornada algunos representantes autonómicos, como el vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, que ha apostado por haberlas obligatorias y ha considerado que, si el Gobierno central no lo decide así, es porque «son incapaces de garantizar el suministro en todo el país».
Cataluña también va a pedir al Gobierno su uso obligatorio en los espacios públicos, mientras que Castilla y León es de la idea de que «el problema» radica tanto en el abastecimiento como en el uso en función del modelo.
El Ministerio de Consumo también se ha pronunciado sobre las mascarillas, pero en su caso para desaconsejar el uso de las tipo FFP2 (de este modelo, la Comunidad de Madrid ha distribuido gratuitamente en las farmacias) en la población general, porque sólo están recomendadas para profesionales en contacto con el virus y colectivos vulnerables bajo prescripción médica.
Mientras, el ministro no ha dejado de insistir durante su comparecencia en la necesidad de que los ciudadanos sigan extremando, y que lo hagan «más que nunca», la responsabilidad y que no bajen la guardia, porque el virus puede sobrevivir fuera de los organismos humanos durante un cierto tiempo y se desconocen aún muchos aspectos científicos del mismo.
Además, ya ha avanzado que en España no se va a producir la inmunidad de grupo frente al coronavirus, tal y como muestran los resultados preeliminares del estudio de seroprevalencia, hechos públicos ayer, que indican que la prevalencia de anticuerpos frente al virus se da solo en el 5 % de la población.
El resto de resultados que se vayan conociendo del estudio «no va a cambiar mucho la foto», ha dicho Illa, algo que, según ha comentado, ya dijeron los expertos, que auguraban que la inmunidad de grupo no iba a superar a la generada con la gripe, que oscila entre el 10 % y el 15 %.
Por otra parte, Illa también ha querido dejar claro que el progreso de los territorios de fase en la desescalada no supone, «en ningún caso, una evaluación de la gestión sanitaria» que han hecho las comunidades autónomas de la pandemia.
De esta forma, ha afirmado que, aunque se haya trabajado muy bien, hay circunstancias y criterios que desde el punto de vista sanitario se deben tener en cuenta para evolucionar en la desescalada, como son los datos epidemiológicos, la movilidad o la preparación de las capacidades sanitarias.
Precisamente, el ministro mantiene esta tarde reuniones bilaterales, para tratar el pase de fase, con los consejeros de Sanidad de las comunidades de Canarias, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Madrid y Cataluña, una decisión que hará pública entre este jueves y este viernes
En su intervención en la Comisión de Sanidad, también ha defendido la «drástica» decisión del Ejecutivo de obligar a mantener una cuarentena de 14 días a todas las personas procedentes del extranjero, porque ha estimado que favorece el control de la epidemia.
Ha reiterado que el estado de alarma es «una necesidad», ha defendido una vez más la cogobernanza con las autonomías en la desescalada y de nuevo se ha mostrado abierto a estudiar las propuestas de los grupos, como algunas del PP, en cuanto a la creación de una Agencia Nacional de Salud Pública, entre otras.