El ministro Salvador Illa y el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, han entregado este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez el informe de 'Recomendaciones sanitarias para la estrategia de transición», en el que han pedido a las comunidades autónomas que dispongan del doble de camas de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) e identifiquen espacios que permitan un incremento de hasta el triple de la capacidad anterior a la expansión del coronavirus en España.
Este informe incluye unas «recomendaciones genéricas» para iniciar todo el proceso de transición. En rueda de prensa, Simón ha subrayado que han conseguido preparar este informe para que «empiecen a plantearse las condiciones necesarias para poder iniciar la fase de transición».
El documento destaca varios puntos:
1. La importancia de la Atención Primaria y de mantener las medidas de protección colectiva para poder comenzar la etapa de transición.
Para evitar contagios en centros de salud, el experto del Ministerio de Sanidad ha defendido que algunas opciones son establecer centros específicos de pacientes sospechosos de coronavirus; circuitos separados para la atención presencial de personas con síntomas respiratorios o infecciosos; o reforzar la atención domiciliaria en la medida de lo posible y si las patologías de los pacientes así lo permiten.
Además, ha resaltado la importancia de que el personal sanitario tenga «acceso suficiente» a Equipos de Protección Individual (EPI). «Se ha ido solventando este problema, pero hay que garantizar que en los hospitales haya stock suficiente por si hay brote», ha precisado.
2. Los expertos advierten en el informe de que la contención de la pandemia del coronavirus COVID-19 puede exigir el confinamiento «total o parcial» de «grandes grupos de población, durante largos períodos» de tiempo, con el fin de dar margen al desarrollo de una vacuna que, según precisan, podría tardar «más de doce meses en estar disponible».
«La reducción máxima del número de casos de Covid-19 exigiría fuertes medidas de distanciamiento social, que pueden incluir el confinamiento total o parcial de grandes grupos de la población durante largos períodos con la esperanza de poder eliminar el virus o para dar margen al desarrollo de una vacuna que podría tardar más de doce meses en estar disponible», subrayan.
Además, puntualizan que las estrategias de control de la pandemia no se pueden basar en que la población desarrolle la inmunidad al virus. «En ausencia de una vacuna a corto plazo y dado el alto impacto que tiene el SARS-CoV-2 en la morbimortalidad y en los sistemas sanitarios, no es razonable basar las estrategias de control de la epidemia en que un porcentaje suficientemente alto de la población desarrolle inmunidad total o parcial, lo que implicaría un número inaceptable de casos y de fallecidos», añaden.
El objetivo de las estrategias propuestas en el informe es la reducción del número de casos «hasta un nivel asumible» por el sistema sanitario, evitando el riesgo de que se desborde o «vuelva a sufrir el estrés» al que ha sido sometido durante la primera onda epidémica.
3. El informe pide garantizar cuatro capacidades estratégicas del sistema sanitario: asistencia sanitaria; vigilancia epidemiológica; identificación y contención precoz de fuentes de contagio; y medidas de protección colectiva.
En este sentido, Sanidad ha destacado que el reforzamiento iniciado en las últimas semanas en todas las comunidades autónomas «debe consolidarse» y se debe «garantizar la posibilidad de desplegar capacidades adicionales que estén operativas en breve espacio de tiempo».
Con el objetivo de prevenir de infecciones intrahospitalarias, el documento pide la implantación de medidas de prevención y control de la infección en todas las áreas y la disponibilidad suficiente de EPI. Además, subraya que se puede complementar con la separación de circuitos para pacientes COVID/no-COVID o con el Cribado universal (con PCR) de pacientes antes del ingreso.
En la misma línea, exige la disponibilidad inmediata, en caso de necesidad, de alternativas de hospitalización suficientes; y de una garantía de reservas de equipos de ventilación mecánica invasiva y otro equipamiento médico necesario, así como de medicación para el tratamiento de pacientes críticos.
Los expertos también proponen establecer indicadores y protocolos de vigilancia que irán dirigidos a la monitorización y caracterización de los casos sospechosos y confirmados de forma precoz, tanto en los hospitales como a nivel de atención primaria.
En concreto, para la identificación y contención de fuentes de contagio, sugieren: el diagnóstico de todas las personas sintomáticas con PCR u otras pruebas diagnósticas; y el aislamiento precoz de casos, habilitando hoteles y otras instalaciones para aislamiento supervisado de casos leves cuando este no sea posible en el domicilio.
Asimismo, proponen que se identifique y se ponga en cuarentena a contactos, con personal suficientemente formado para garantizar una supervisión correcta; y que se identifiquen los posibles focos de transmisión en colectivos específicos como residencias, centros socio-sanitarios, o cárceles, mediante «protocolos de cribado» o mediante el uso de técnicas de diagnóstico basadas en «pooling» que permitan identificar centros infectados y centros no infectados, haciendo un hincapié especial en el tratamiento de los primeros y la protección de los segundos.
4. Los expertos también piden seguir impulsando por parte del Ministerio de Sanidad y de las CCAA las medidas de protección colectiva: mantener las distancias interpersonales idealmente de dos metros; el lavado frecuente de manos con agua y jabón o soluciones hidroacohólicas; observar la etiqueta respiratoria cuando se tose o se estornuda; mantener una higiene y limpieza adecuadas en entornos domésticos y laborales; y reforzar el uso de las mascarillas en la población general y especialmente en los colectivos más vulnerables.
«Tenemos que seguir manteniendo una tensión muy importante con las medidas colectivas», ha manifestado Simón, al tiempo que ha señalado que el Gobierno debe hacer un «esfuerzo importante» para garantizar las campañas de información, comunicación y concienciación social que permitan garantizar que el concienciamiento «se mantenga el tiempo suficiente para reducir el riesgo».
Por último, el informe refleja que la toma de decisiones durante la etapa de transición se basará en la evolución de los indicadores específicos acordados en los foros técnicos del Consejo Interterritorial que permitan una «alerta y respuesta tempranas». «Estos indicadores se deberán valorar de forma conjunta y con la suficiente flexibilidad, dada su interdependencia», precisa el texto.
Estas decisiones también se deben basar en la identificación de las áreas geográficas con capacidades de preparación adecuadas, con situaciones epidemiológicas y de riesgo homogéneas. El Gobierno acordará la delimitación de las áreas geográficas con las comunidades autónomas.