Un día después de que el Gobierno avisara de que respondería «con contundencia» ante el pin parental, sin descartar la vía judicial, los partidos han seguido manifestándose y, así, el PSOE ha bautizado como «veto» esta propuesta de Vox, que también rechaza Ciudadanos.
Este viernes, el Ejecutivo de Pedro Sánchez dejó claro que actuaría contra cualquier medida que vulnere los derechos de los menores y anunció que recurriría por la vía administrativa o judicial las medidas que en relación al «pin parental» tomen PP, Vox y Ciudadanos donde gobiernen.
Por este último partido se ha pronunciado la vicealcadesa de Madrid, Begoña Villacís, quien ha reiterado el rechazo de Cs a que se permita a los padres no autorizar la asistencia de sus hijos a charlas y talleres extraescolares (la propuesta que Vox conocida como «pin parental"). «Es una medida en la que nosotros no creemos», ha zanjado.
Tanto es así que, según ha asegurado, el «pin parental» no va a ser implantado en Madrid aunque Vox lo exija como condición para apoyar los presupuestos regionales.
Menos claro ha sido el presidente andaluz, Juanma Moreno, del PP. Aunque ha dicho que la Junta quiere ser un «espacio de libertad» y que su gobierno «no va a decir a los ciudadanos cómo tienen que educar a sus hijos», no ha hecho referencia expresa al «pin parental».
De todos modos, el viernes su consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, defendió la aplicación de esta medida.
En las filas socialistas se ha insistido en el rechazo a este tipo de iniciativas. El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha pedido en Murcia que deje de hablarse de «pin parental» porque para su partido se trata de «un veto» de algunos padres respecto a la educación pública sin respetar un mandato constitucional.
Para Ábalos, esta iniciativa va también contra la convención de los derechos de la infancia y contra la autonomía académica y docente, además de atentar contra la convivencia y la igualdad.
Ábalos ha considerado «una hipocresía intolerable» que sus defensores hablen de «libertad» para defenderlo.
También desde el PSOE, la presidenta de La Rioja, Concha Andreu, ha visto en la propuesta de Vox «el adoctrinamiento que quieren llevar a la escuela determinadas personas retrógradas», lo que su Ejecutivo «no va a permitir».
La coordinadora de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, por su parte, ha criticado las «contradicciones» del Gobierno «de derechas» de Andalucía con el «pin parental», ya que mientras el PP «le dora la píldora» a Vox, Ciudadanos «se encuentra en dificultades porque su electorado se entiende que es más liberal y moderado».
Y ha confiado en que «no hagamos el ridículo que ha hecho Murcia, donde se supone que lo iban a implantar y cuando se han puesto se han dado cuenta de que directamente es ilegal establecer mecanismos de censura a la leyes educativas aprobadas, no solo en el ámbito autonómico, sino estatal», ha enfatizado.
Algunas entidades han entrado en la polémica, como la Fundación Pedro Zerolo, que ha pedido a PP y Ciudadanos que se mantengan en los consensos de los derechos civiles, defiendan la educación en igualdad y «no se coloquen en el lado equivocado de la historia».
El que fuera director general de la Unesco Federico Mayor Zaragoza ha abordado también este asunto y desde Córdoba ha defendido que sean «los educadores, no los políticos, no los ideólogos, no los que tienen afección a un partido determinado, los que tienen que hablar y programar sobre educación».
Porque en la educación, «nunca hay que actuar al dictado de nadie, ni al dictado de ideologías o confesiones», ha apostillado.
Si unis padres son analfabetos funcionales, o caníbales, o nazis, no tienen ningún derecho a hacer que sus hijos sean también analfabetos o unos degenerados. En todo caso se les debe quitar la tutela, porque demuestran que son unos malos padres.