El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha reconocido este lunes que no cumplió la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar lazos amarillos de edificios públicos en periodo electoral porque era «ilegal» y de «imposible» cumplimiento: «Sí, la desobedecí».
Así lo ha admitido Torra en su interrogatorio en el juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), en el que afronta una petición de inhabilitación de hasta dos años por desobediencia por desoír el mandato de la JEC de retirar de edificios públicos lazos amarillos y pancartas de apoyo a los políticos independentistas presos, durante la campaña de las generales del pasado 28A.
A la pregunta de su abogado, Gonzalo Boye, sobre si cumplió «si o no» la orden de la JEC, Torra ha sido taxativo: «No, no la cumplí. Digámoslo de otra forma: Sí, la desobedecí. Pero era imposible cumplir una orden ilegal. Todos los miembros de esta sala lo saben, era una orden ilegal dictada por un órgano que no tenía la competencia».
Además Torra ha defendido este lunes que los lazos amarillos y la expresión «presos políticos» no es patrimonio de ningún partido, sino fruto del «consenso» de la sociedad catalana, «por mucho que incomode o alguien se levante de la sala» cuando la escucha.
Tras negarse a responder a la Fiscalía y la acusación popular ejercida por Vox, Torra ha dado esas explicaciones cuando su abogado, Gonzalo Boye, le ha preguntado por los motivos por los que decidió colgar una pancarta de apoyo a los políticos presos con un lazo amarillo del edificio del Palau de la Generalitat.
En opinión de Torra, el lema de la pancarta es legítimo «por más que incomode a alguien, por mucho que alguien se levante de la sala cuando hablamos de presos políticos», teniendo en cuenta que los líderes del procés han sido encarcelados por llevar a término el encargo de los electores en los comicios de 2015.
De esa forma, el presidente catalán ha lanzado un dardo al presidente del TSJC y de la sala que lo juzga, Jesús María Barrientos, y al fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, que lo acusa en el juicio, quienes en febrero de 2018 abandonaron un acto en el Colegio de la Abogacía de Barcelona molestos por que el presidente del Parlament, Roger Torrent, aludiera a la existencia de «presos políticos».
Torra ha insistido en que los lazos y el clamor «contra la injusticia de tener políticos presos o exiliados» goza de un «gran consenso» en la sociedad catalana, no solo entre los partidos independentistas sino también, ha dicho, entre votantes de Cs o PSC, además del apoyo de fuerzas políticas de todo el mundo y organizaciones internacionales, y «no es patrimonio de nadie, sino de todo el mundo que quiere la libertad».
A su entender, la expresión «presos políticos» obedece a que Cataluña está «viviendo un conflicto político», puesto que han sido condenados unos líderes que se limitaron a cumplir con el mandato popular de 2015 que, a su parecer, «era clarísimo».
Más claro, a su juicio, que lo que finalmente se hizo, ha puntualizado Torra, porque en su opinión lo que reclamaban los ciudadanos era avanzar hacia una declaración de independencia en Cataluña, pese a que mediada la legislatura pasada se optó por convocar un referéndum.
El presidente catalán ha recordado que el Parlament había rechazado dos propuestas de resolución para instar al Govern a retirar los lazos y pancartas de los espacios públicos e institucionales, por lo que si lo hubiera hecho a instancias de la Junta Electoral «sería estar de alguna forma de acuerdo con los partidos que no quieren que se pongan».
«La pregunta no es qué hacía la pancarta, sino por qué no estaba en otros edificios públicos», como la Delegación del Gobierno, ha añadido Quim Torra, que ha puntualizado que para él era «importante» que se colgara un cartel de apoyo a los políticos presos que expresara el sentir «mayoritario» de la sociedad catalana en el Palau, como sede histórica de los gobiernos catalanes.
Torra, que se ha explayado en explicaciones sobre el origen de los símbolos amarillos en la Guerra de Sucesión, ha proclamado que los lazos «deberían ser patrimonio común. No son partidistas ni es propaganda», ha protestado.
También ha defendido el president la exhibición de «esteladas» en edificios de la Genearlitat, como símbolo que, a su juicio, representa un «anhelo de libertad» del pueblo catalán, de acuerdo con lo que aprobó en Parlament en una resolución de febrero de 2014 que sigue siendo «plenamente legal y vigente».
En su declaración, el presidente de la Generalitat ha invocado las «reacciones internacionales» contra la condena a los líderes del procés, entre ellas la del grupo de trabajo de Naciones Unidas que criticó la prisión preventiva acordada por el Supremo o el «contundente» informe de Amnistía Internacional contra las condenas.