El Juzgado de Instrucción 2 de Arenys de Mar (Barcelona) ha admitido a trámite una querella presentada por la Fiscalía contra tres tenientes de alcalde, una concejal y el jefe de la Policía Local de Pineda de Mar (Barcelona) por la presunta expulsión de policías de dos hoteles donde se alojaban en octubre, han informado este martes fuentes del ministerio público.
La querella se dirige contra los tenientes de alcalde Carme Aragonès, Jordi Masnou y Sílvia Biosca (PSC); la concejal de la oposición Mònica Palacín (ERC) y el jefe de la Policía Local, Carles Santacreu, por un presunto delito de coacciones.
Según la Fiscalía, Aragonès, Masnou, Palacín y Santacreu se presentaron el 2 de octubre hacia las 21.00 horas en un hotel que hospedaba agentes de la Policía Nacional para presuntamente pedir a la dirección de la cadena hotelera, «prevaliéndose de la autoridad que representaban», que les expulsara.
La dirección de la cadena hotelera respondió que los agentes tenían reserva hasta el 5 de octubre y Masnou advirtió al gerente de que, «si no echaba a los policías, le iba a cerrar el hotel al día siguiente e iba a estar cerrado cinco años», según relata el ministerio público en la querella.
Los cargos municipales abandonaron el lugar tras la conversación y el gerente de la cadena de hoteles, «impulsado por el temor a posibles y creíbles represalias», redactó una carta en la que comunicaba que se veía obligado a desalojar el 3 de octubre antes de las 16.00 horas a los agentes de la Policía Nacional que se hospedaban en dos de sus establecimientos, según la querella de la Fiscalía.
FALSEDAD DOCUMENTAL
Aragonès, acompañada de Biosca, volvió al hotel el 3 de octubre «porque había trascendido a la prensa y circulaba en Internet» la carta de la cadena hotelera y pidieron a la dirección una reunión urgente en el Ayuntamiento para hacer un comunicado conjunto.
Los representantes hoteleros asistentes se negaron a firmar el documento elaborado por Biosca en el que se afirmaba «con manifiesto desprecio a la verdad» que el gobierno municipal y la dirección de los establecimientos acordaron sin medidas de presión la salida de los agentes, señala el ministerio público.
Según la Fiscalía, Biosca, siguiendo instrucciones de Aragonés, distribuyó el comunicado igualmente, y la querella también se dirige contra ellas por un presunto delito de falsedad en documento oficial cometido por autoridad.
Los dos hoteles alojaban a 496 agentes de Policía Nacional trasladados a Cataluña en motivo de la convocatoria y posterior celebración del referéndum del 1 de octubre.