El Tribunal Superior de Justicia de Canarias considera que existen indicios para juzgar por prevaricación, cohecho, falsedad y revelación de secretos al juez de Las Palmas Salvador Alba por intentar «perjudicar» a su colega Victoria Rosell, cuando esta era diputada de Pdemos.
Alba está acusado en este caso de haber orientado la declaración de un testigo de una causa penal que él instruía en sustitución de Rosell, el empresario Miguel Ángel Ramírez, con la supuesta finalidad de perjudicar a su colega, de forma que se hiciera ver que esta había retrasado su tramitación movida por intereses personales (las relaciones profesionales de su pareja con Ramírez).
Todo ello ocurrió en un momento (marzo de 2016) en el que Tribunal Supremo tenía sobre la mesa una querella del entonces ministro José Manuel Soria contra Rosell por esa supuesta mala conducta profesional como juez, que se admitió a trámite con base en los informes que había remitido su sustituto en el Juzgado, Salvador Alba.
Aunque el caso contra Rosell se archivó, la decisión del Supremo de aceptar la querella de Soria llevó a la juez a renunciar a presentarse de nuevo como candidata al Congreso por Podemos en la provincia de Las Palmas y a poner fin a su carrera política.
Sin embargo, el asunto dio un giro poco después, cuando el empresario Ramírez entregó a la Justicia una grabación de una conversación que había mantenido con el juez Alba antes de que este lo interrogara, en la que supuestamente le daba instrucciones de lo que tenía que manifestar para perjudicar a Rosell, a cambio de hipotéticos beneficios procesales para él.
El caso sobre Ramírez que se intentó utilizar contra la juez Rosell es un procedimiento de fraude fiscal, en el que se acusa al presidente de la UD Las Palmas de haber evadido varios millones de euros pagando a los empleados de Seguridad Integral Canaria las horas extras como si fueran dietas, que no tributan.
En su día, la Fiscalía de Las Palmas se quejó de que esa causa no avanzaba como esperaba y decidió investigar si la juez había cometido una falta disciplinaria, por no apartarse de ella pese a tener supuestos intereses personales. Sin embargo, tanto el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en lo disciplinario, como el TSJC, en lo penal, exoneraron a Rosell de cualquier irregularidad.
La juez del TSJC que instruye el caso sobre Salvador Alba ha dictado este jueves el auto por el que se transforman las diligencias en procedimiento abreviado y en el que expone los cuatro delitos para los que considera que existe base para juzgar al magistrado.
La prueba fundamental contra Alba es la grabación que le hizo Ramírez, en la que se le escucha decir -resalta la juez Varona en su auto- que él podría «cargarse» su proceso por fraude fiscal a cambio de que el empresario declarase formalmente que había financiado los negocios periodísticos de la pareja de Rosell, Carlos Sosa.
Y todo ello, remarca la instructora, «siendo consciente» Salvador Alba de la «transcendencia» que esa declaración iba a tener para que el Supremo admitiera la querella de Soria contra la entonces diputada de Podemos en el Congreso.
La juez Varona también estima que el juez Alba facilitó al Supremo «hechos inciertos» sobre el desempeño como magistrada de Rosell en la causa de fraude fiscal contra Ramírez, por medio de informes en los que se le atribuía en falso no haber tomado decisiones procesales que sí adoptó y, en cambio, se silenciaban los pasos que la juez había dado para que esa instrucción avanzara.
El TSJC también reprocha a Salvador Alba que «filtrara» a un periodista la «declaración reservada» -y perjudicial para Rosell- que había hecho Ramírez, con el propósito de que esta tuviera la mayor repercusión en un «medio de tirada nacional».