La defensa de A.O., el padre del niño que fue metido en una maleta con la intención de ser introducido en España, ha aceptado que sea condenado por conformidad por un delito contra los derechos de los extranjeros con una atenuante muy cualificada y casi eximente de parentesco a una multa de 224 euros. Dado que A.O. pasó un mes en prisión preventiva, finalmente solo tendrá que desembolsar 92 euros.
Según se ha informado en la sala, tras escuchar la declaración del encausado y del pequeño, esta condena no se va a tener en cuenta para la tramitación de la solicitud de la nacionalidad española de este hombre, que ha reconocido ante el tribunal que perdió de vista al pequeño durante un rato en Marruecos.
La Sección VI de la Audiencia de Cádiz con sede en Ceuta ha acogido este martes, desde pasadas las 10.45 horas, la vista oral del juicio sobre este caso, que se remonta al 7 de mayo de 2015, cuando el menor fue localizado en el interior de una maleta por la Guardia Civil en la frontera de la ciudad autónoma y una joven marroquí, que actualmente está en busca y captura, pretendía introducirlo en territorio español irregularmente desde Marruecos a través de la frontera del Tarajal.
A.O. se enfrentaba a una petición de la Fiscalía de tres años de cárcel, mientras que para la mujer que transportaba la maleta, F.E.-Y., que ahora tiene 22 años y que se encuentra ilocalizable tras ser liberada después de pasar doce meses en prisión provisional, el Ministerio Público pide seis años de cárcel que, al superar el límite de dos, impiden que sea juzgada en rebeldía, según han indicado fuentes judiciales.
La acusación había citado como testigos al niño, a su madre, a los guardias civiles que localizaron al pequeño gracias al escáner de la frontera y a la mujer que entonces tenía contratado al encausado en Fuerteventura.
Según el relato fáctico de la calificación de la Fiscalía, el padre del niño concibió en 2014 la idea de obtener de las autoridades españoles la autorización de residencia por reagrupación familiar de su hijo e inició los correspondientes trámites administrativos pero su solicitud fue rechazada por resolución del subdelegado del Gobierno en Las Palmas.
Entonces decidió introducir «ilegalmente» en España a su vástago, que entonces tenía siete años, para lo que se puso en contacto con un grupo de personas desconocidas que accedieron a realizar el pase ilegal del menor a cambio de 5.000 euros.
Para «garantizar el éxito de la operación» se dirigió hasta Casablanca, donde recogió al niño, y se desplazaron hasta Castillejos, al otro lado de la frontera de Ceuta, el 7 de mayo de 2015. Allí se encontró con las personas que iban a realizar materialmente el pase, que le informaron de las condiciones «y las aceptó».
Sobre las 11.55 horas de ese mismo día, la joven marroquí desaparecida fue sorprendida por funcionarios de la Guardia Civil cuando pretendía acceder a territorio nacional llevando oculto en el interior de una maleta «de reducidas dimensiones» al menor, al que pretendía introducir ilegalmente en la Península «cobrando parte de la cantidad inicialmente abonada».