El 'número' dos de la trama Gürtel, Pablo Crespo, ha revelado este viernes que el Partido Popular valenciano les expuso que la única forma de pagarles los servicios prestados durante las campañas electorales por las empresas del empresario y cabecilla de la trama Francisco Correa, era girando las facturas a los empresarios investigados en la causa y que ellos aceptaron porque necesitaban liquidez para evitar la quiebra.
A preguntas de la fiscal Myriam Segura durante la vista oral que acoge la Audiencia Nacional, Crespo ha explicado que esta proposición la hizo Ricardo Costa, exsecretario general del PPCV, en una reunión mantenida en su despacho en la que estuvo presente el también investigado Álvaro Pérez 'el Bigotes', responsable de Orange Market.
El empresario ha explicado que Costa les confesó que no había dinero para saldar la deuda y que «la única solución» era facturar «a determinados empresarios» para cobrar. Estos últimos, tras el acuerdo alcanzado con la Fiscalía, ratificaron en la primera sesión de juicio que financiaron de forma irregular al Partido Popular Valenciano presidido en esos momentos por Francisco Camps.
La respuesta de Crespo fue que no les gustaba la proposición, pero le respondieron que no había otra alternativa. «Era hacerlo así o no cobrar», ha explicado el investigado a preguntas del magistrado José María Vázquez Honrubia.
Pagar a proveedores
«Cuando supe de esta reunión llamé a (Francisco) Correa para explicarle exactamente lo que había sucedido y aceptamos hacerlo así porque sino tendríamos que haber hecho un concurso de acreedores y el cierre de la compañía porque en ese momento teníamos deuda vencida en los proveedores y teníamos que pagar a los empleados. No era una cuestión solo de beneficio», ha explicado Crespo.
Crespo es el segundo de los investigados que señala a Costa como la persona del PP valenciano desde la cual saldría la orden de pagar en 'b' a las empresas de la trama. En su declaración del pasado martes, Correa explicó que fue éste quien indicó a una de las empresas de la trama, Orange Market, los empresarios a los que debían facturar los actos de las campañas de las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y de las generales de 2008 si «querían cobrar».