Sin opción a preguntas de los periodistas, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha comparecido este lunes para anunciar que el Ministerio Fiscal ha interpuesto dos querellas contra el cesado Govern de la Generalitat y la Mesa del Parlament por los delitos de rebelión, sedición y malversación y otros delitos conexos.
En una breve intervención, Maza ha argumentado que sus responsables «con sus decisiones y actos» han llevado a Cataluña a la crisis institucional que ha culminado con «el incumplimiento y el desprecio a la Constitución».
El fiscal general ha aclarado, del modo que se ha ido contando durante toda la mañana de este lunes, que la Fiscalía interpondrá una querella ante la Audiencia Nacional contra Carles Puigdemont y todo su gobierno, «ya que no son aforados», después de que el Ejecutivo central anunciara su cese.
Por otro lado, elevará al Tribunal Supremo la querella contra la Mesa del Parlament, ya que la mayoría del los miembros de la mesa continúan conservando su condición de aforado al pertenecer a la Diputación permanente.
Maza ha anunciado que serán citados todos los querellados para prestar declaración, «en orden a la eventual solicitud de medidas cautelares, atendiendo a la gravedad de los hechos y de los delitos imputados».
En caso de incomparecencia, «el fiscal interesa la inmediata detención» de los querellados. Asimismo ha añadido que, tras la admisión a trámite de sendas querellas, se acuerden las medidas cautelares pertinentes para el aseguramiento de la responsabilidad civil, que en el caso de los miembros del Govern ascienden a 6,2 millones de euros».
El escrito de la Fiscalía, facilitado a los medios de comunicación, refleja que los miembros destituidos del Govern «sabían que estaban incitando a las muchedumbres para intimidar a los agentes policiales y para que éstos no pudieran hacer efectivo el mandato judicial y para que, en definitiva, no pudiera prevalecer el imperio de la ley». Añade que eran también «conscientes y asumían que esa misma muchedumbre iba a protagonizar también, como así ocurrió, actos de violencia material y física para la consecución de ese fin primario de celebrar el referéndum».
«La consigna repetida desde el Govern, los grupos parlamentarios independentistas y las entidades soberanistas, de la 'resistencia pacífica' -añade la querella- no era sino un eufemismo de lo que en realidad consistía en una incitación, difundida con publicidad y dirigida a los sectores independentistas de la población, para que se opusieran e hicieran frente a la actuación de los agentes».
Asimismo, en el caso del proceso contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los miembros de JxS y CSQP en la Mesa, la Fiscalía apunta que dieron una «falsa apariencia de legalidad» al proceso independentista y tramitaron leyes como la del referéndum, que «solo podía celebrarse por la fuerza de la muchedumbre movilizada».
Según esto, los miembros de la Mesa querellados actuaron en un «concierto de voluntades» con el Govern para llegar a la declaración formal de independencia, obtenida «por la fuerza de los hechos consumados y por la imposición violenta de su objetivo frente a las resoluciones de las autoridades judiciales y las fuerzas del orden público» y en contra de la Constitución y «los fundamentos del Estado Español».
Respecto a los miembros de la Mesa, la querella se centra en su decisión de acordar admitir a trámite las leyes del referéndum y de transitoriedad jurídica (en el pleno del 6-7 de septiembre) y la resolución de independencia que se aprobó el pasado viernes 24 de octubre, pese a las advertencias del Tribunal Constitucional y los informes contrarios de los servicios jurídicos de la cámara.
«Los querellados, miembros de la Mesa, dieron curso a las propuestas de resolución siendo plenamente conscientes de su palmaria y evidente inconstitucionalidad y que su inclusión en el pleno del Parlament, vista la configuración de la cámara, se traducía de hecho en la declaración secesionista buscada por todos los querellados como fin último de todos sus actos», sostiene la querella.