El Tribunal de Cuentas comunicará este lunes las conclusiones de la instrucción judicial de las diligencias abiertas contra el expresidente de la Generalitat Artur Mas y tres de sus consejeros por usar fondos públicos en la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014. En ese acta de liquidación se concretará lo que reclaman a cada uno de ellos y las fianzas que se les imponen, aunque aún tendrán un último plazo de alegaciones antes de que las cifras sean definitivas.
Los denunciantes, Societat Civil Catalana (SCC) y la Asociación de Abogados Catalanes, reclamaban en conjunto la devolución de algo más de cinco millones de euros en concepto de responsabilidad contable por el uso irregular de dinero público.
A la sede del Tribunal de Cuentas han sido citados este lunes por la mañana el expresidente catalán Artur Mas, su exvicepresidenta Joana Ortega, y los exconsellers Irene Rigau (EDucación) y Francesc Homs (Presidencia), así como a otras siete personas que participaron en la organización de los gastos para el referéndum del 9-N: el exsecretario general de la Presidencia de la Generalitat Jordi Vilajoana, más Lluis Bertrán i Saura, Josefina Valls i Villa, Carolina Pardo Miguel, Jaume Domingo i Planas, lgnasi Genovés i Avellana y Jordi Serra i Catalán.
A este trámite, con el que se pone fin a la fase de instrucción, los citados no tienen que acudir personalmente, sino que pueden enviar a sus representantes legales.
Allí se les facilitará la denominada acta de liquidación provisional, donde se especificará la cantidad que provisionalmente se pedirá a cada uno de investigados. A partir de ahí, se abrirá un plazo para alegaciones de 15 días y, si se confirman las cifras, ya se les exigirá el «depósito y afianzamiento de los daños perjudicados al erario público a los presuntamente responsables».
Todo ello, sin perjuicio de lo que, posteriormente, se decida en el correspondiente procedimiento de reintegro por alcance, dado que la fianza sólo tiene como objetivo garantizar que los investigados puedan hacer frente a una eventual condena futura.
El Tribunal de Cuentas ya dijo que con Artur Mas y demás investigados se ha seguido el «procedimiento habitual» en los casos de alcance o malversación por daño a los fondos públicos, según lo previsto en la Ley de Funcionamiento del Tribunal.
La denuncia de Societat Civil Catalana (SCC) y la Asociación de Abogados Catalanes se justificaba en que, aunque Mas y sus consejeros ya habían sido condenados por desobedecer al Tribunal Constitucional al organizar aquella consulta de 2014, ello no les eximía de su responsabilidad contable por el uso irregular de dinero público.