El juez Pablo Ruz ha cerrado el caso Bárcenas con un auto en el que da por acreditada una caja B en el PP, al que considera responsable civil subsidiario, y propone que se juzgue a 6 personas, entre ellas los extesoreros del partido Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta y el exgerente Cristóbal Páez.
Tras dos años de investigación, el juez ha concluido la instrucción, en la que atribuye a Bárcenas, Lapuerta, Páez y a tres empleados de la empresa de arquitectura que reformó la sede del PP delitos fiscales y de apropiación indebida, y da por indiciariamente acreditada la existencia de una contabilidad B en el PP.
A lo largo de 190 folios, explica que el PP llevó desde 1990 y al menos hasta 2008 una caja paralela que se servía de diversas fuentes de financiación ajenas al circuito legal y operaba con varios sistemas de cuentas al margen de la contabilidad oficial, las cuales funcionaban «a modo de contabilidades paralelas, cajas de dinero en efectivo o cajas B».
Estas «contabilidades opacas o cajas B», dice el juez, estaban a cargo del gerente y del tesorero nacional y no se declaraban, indica, a la Hacienda Pública, por lo que «de forma sistemática entre los años 1990 y 2008 habrían incumplido los límites, requisitos y condiciones establecidos en la ley».
El juez también levanta la imputación y archiva el caso para 22 empresarios que aparecen como donantes en los papeles manuscritos del extesorero con la supuesta caja B, que reflejan donativos al margen de la contabilidad oficial y pagos de dinero en metálico a altos cargos.
En el auto, Ruz envía asimismo a un juzgado de Toledo, por un posible delito de prevaricación, la vertiente del caso que investiga la adjudicación supuestamente irregular a una filial de la constructora Sacyr de un contrato de basuras del ayuntamiento de la ciudad.
Se investiga si esa adjudicación pudo responder a una donación de 200.000 euros de esa empresa para la campaña municipal de la actual presidenta de la Comunidad, María Dolores de Cospedal.
Sin embargo, el juez ha decidido mandar esta pieza a un juzgado de Toledo, y no al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, ya que considera que no hay indicios suficientes que justifiquen la investigación de aforados por parte de ese tribunal.
Así, de toda la investigación de los papeles de Bárcenas el juez considera que los únicos dos aspectos que podrían ser delictivos son la apropiación por parte de Lapuerta -con el conocimiento de Bárcenas- de dinero de la caja B (por lo que imputa a ambos un delito de apropiación indebida) y el fraude fiscal en la reforma de la sede del PP de la calle Génova, que el partido pagó en negro a la empresa Unifica.
Por este último aspecto y con base en un delito fiscal, propone juzgar a Bárcenas, Lapuerta y Páez, y también a los dueños de Unifica, Gonzalo Urquijo y Belén García, y a su empleada Laura Montero.
El juez cifra en 1.552.000 euros el dinero negro que pagó el PP a Unifica por las obras en la sede del partido y también analiza otro delito fiscal que pudo cometer el PP en 2008 (el único año de los papeles que no estaría prescrito) por no declarar a Hacienda las donaciones de empresarios dentro del impuesto de sociedades.
A pesar de que los peritos de Hacienda consideraron que esas donaciones no eran tributables, Ruz les pidió que calcularan la cuota para ver si llegaba al mínimo del delito fiscal, y finalmente así lo hicieron con resultado positivo.
Ahora, el juez establece en el auto que la existencia de delito se concretará en el juicio oral y que, en todo caso, de él responderían Bárcenas, Lapuerta y Páez como administradores de las cuentas del partido.
La otra vertiente delictiva es la apropiación de 139.400 euros de la caja B por parte de Lapuerta, un dinero que destinó a comprar acciones de Libertad Digital, que luego vendió pero que no devolvió al PP, sino que lo incorporó a su patrimonio personal, todo ello con el conocimiento de Bárcenas.
Ruz recuerda en el auto que no puede juzgar al PP por financiación ilegal y considera «improcedente» acudir a un artículo del Código Penal que le permite proponer al Gobierno que se sancione penalmente una conducta no tipificada, porque, dice, en la reforma de este código que se tramita se van a incluir estos delitos para los partidos políticos.
Tras este auto de conclusión de la instrucción, el juez da 20 días a las partes para solicitar la apertura de juicio oral y presentar sus escritos de acusación, en los que se definirán las penas pedidas por la Fiscalía y el resto de acusaciones para los seis encausados.