Los jefes de Estado y de Gobierno de los 28 aprobarán mañana durante el Consejo Europeo las recomendaciones de política económica para cada Estado miembro, que en el caso de España reclaman rebajar las cotizaciones sociales y compensar la pérdida de ingresos con subidas del IVA y de impuestos medioambientales con el fin de estimular la creación de empleo.
El respaldo de los líderes europeos a las recomendaciones para España amenaza con agravar el enfrentamiento entre el Gobierno de Rajoy y la Comisión Europea a cuenta de la reforma tributaria aprobada por el Consejo de Ministros la semana pasada.
El Ejecutivo comunitario ha criticado esta reforma por ignorar sus recomendaciones y no incluir una rebaja de las cotizaciones ni una subida del IVA. «El Gobierno no ha anunciado ningún trasvase de la carga fiscal desde las contribuciones a la seguridad social de los empresarios hacia los impuestos indirectos, como el IVA o las tasas medioambientales», lamentó el lunes el portavoz de Asuntos Económicos, Simon O'Connor.
Bruselas denuncia además que la reforma tributaria mantiene y amplía el número de deducciones, en contra de lo recomendado por el Ecofin, y pone en riesgo el cumplimiento de los objetivos de reducción de déficit, que se sitúan en el 5,5% en 2014, el 4,2% en 2015 y el 2,8% en 2016. «Las medidas anunciadas pueden hacer más difícil para España cumplir sus compromisos de consolidación fiscal», dijo O'Connor.
De hecho, los líderes europeos reclamarán a España este viernes que concrete los ajustes que tiene previsto adoptar para cumplir los objetivos en 2015 y 2016. Para ello, recomiendan «realizar, antes de febrero de 2015, una revisión sistemática del gasto en todos los niveles de la Administración para contribuir a mejorar la eficiencia y la calidad del gasto público».
REFORMA TRIBUTARIA
Los jefes de Estado y de Gobierno pedirán a Rajoy que adopte antes de fin de año «una reforma fiscal completa, que simplifique el sistema impositivo y haga que contribuya en mayor medida al crecimiento y creación de empleo, así como a la preservación del medio ambiente y la estabilidad de la recaudación».
«Para este fin debe: trasladar la tributación hacia impuestos que distorsionan menos, como los que gravan el consumo o el deterioro del medio ambiente (por ejemplo, los aplicados a los combustibles) y los impuestos recurrentes sobre bienes inmuebles», apuntan las recomendaciones.
La reforma fiscal debe asimismo eliminar las deducciones «ineficientes» en el impuesto de sociedades y el impuesto sobre la renta, así como «considerar la posibilidad de reducir las cotizaciones empresariales a la seguridad social, en particular en el caso de los empleos con salarios reducidos».
Finalmente, España tiene que «tomar medidas para evitar que la fiscalidad obstaculice el funcionamiento armonioso del mercado interior español» e «intensificar la lucha contra la evasión fiscal».
NUEVA REFORMA LABORAL
En cuanto al mercado laboral, España, según resaltan las recomendaciones, debe «impulsar nuevas medidas para reducir la segmentación del mercado de trabajo en aras de la calidad y sostenibilidad del empleo, en particular reduciendo el número de tipos de contrato y garantizando un acceso equilibrado a los derechos en caso de despido», así como «reforzar los requisitos de búsqueda de empleo para la percepción de las prestaciones por desempleo».
«La segmentación continúa siendo un problema importante del mercado de trabajo español, siguen existiendo numerosos tipos de contrato y la diferencia entre los costes de despido de los contratos temporales y los indefinidos figura todavía, incluso tras la reforma (laboral de 2012) entre las más elevadas de la UE», alerta el texto.
El Consejo Europeo reclama que «la evolución de los salarios reales sea coherente con el objetivo de creación de empleo». También sugiere «mejorar la eficacia y la orientación de las políticas activas del mercado de trabajo, incluidas las bonificaciones ofrecidas por la contratación, sobre todo para quienes tienen más dificultades para acceder al empleo».
El Gobierno de Mariano Rajoy tiene que «acelerar la modernización de los servicios públicos de empleo» y «garantizar la aplicación eficaz, antes de finales de 2014, de las iniciativas de cooperación entre los sectores público y privado en los servicios de colocación». Y poner en marcha la garantía juvenil para proporcionar a los menores de 25 años en paro o que finalizan su educación un empleo, prácticas o formación adicional en un plazo de cuatro meses.
DEFICIT ELECTRICO Y RESCATE DE AUTOPISTAS
La UE exige además a las autoridades españolas «garantizar la eliminación efectiva del déficit del sector eléctrico a partir de 2014, tomando, en su caso, las medidas estructurales adicionales necesarias».
También recomienda «abordar el problema de las autopistas de peaje insolventes de modo que se minimicen los costes para el Estado», así como «establecer, antes de finales de 2014, un observatorio independiente que contribuya a la evaluación de los grandes proyectos futuros de infraestructura».
España debe aplicar la reforma de las administraciones públicas, así como reforzar los mecanismos de control e incrementar la transparencia de las decisiones administrativas, en particular a nivel local y regional», y «completar y supervisar cuidadosamente las medidas en curso para luchar contra la economía sumergida y el trabajo no declarado».
LEY DE SERVICIOS PROFESIONALES
Otra prioridad para la UE es «aprobar una reforma ambiciosa de los servicios profesionales y de las asociaciones profesionales antes de finales de 2014, definiendo las profesiones que exigen la inscripción en un colegio profesional, así como las normas de transparencia y rendición de cuentas de los organismos profesionales, liberalizando las actividades reservadas injustificadamente y preservando la unidad de mercado en el acceso a los servicios profesionales y su ejercicio en España».
En materia de lucha contra la exclusión social, el Consejo Europeo apuesta por «reforzar la capacidad administrativa y la coordinación de los servicios sociales y de empleo», «racionalizar los procedimientos para facilitar la incorporación al mercado de trabajo desde los regímenes de renta mínima» y «mejorar la orientación de los programas de apoyo a las familias y los servicios de calidad dando prioridad a los hogares de rentas bajas con hijos».
«A raíz de la crisis, España ha registrado también una de las mayores caídas de la renta familiar disponible y uno de los mayores niveles de desigualdad de la renta de la UE», apuntan las recomendaciones.