El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado hoy que piensa trabajar en busca de un acuerdo de todos los partidos contra la corrupción y en pro de la transparencia y ha invitado a las fuerzas políticas a sumarse a esta voluntad de consenso.
Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha garantizado hoy que el Ejecutivo presentará medidas concretas para perseguir los delitos de corrupción y ha dicho que si hay que modificar el Código Penal y endurecer las penas, se hará.
En la sesión de control del Congreso y en respuesta al líder de IU, Cayo Lara, Rajoy ha defendido las medidas que ha impulsado o está impulsando su Gobierno -como la ley de transparencia o la reforma de la financiación de los partidos- y se ha mostrado convencido de que generarán «más transparencia, más control y mayor responsabilidad».
Por eso ha pedido a Lara que, en lugar de limitarse a contar lo que publican cada día los medios de comunicación, en alusión a todas las noticias sobre casos de corrupción, se sume a este debate para buscar medidas que puedan ser eficaces.
El líder de IU, por su parte, ha advertido de que la corrupción «no puede seguir envenenando la democracia», ha reclamado una financiación «pública, justa y transparente» de los partidos y ha pedido un plan serio para acabar definitivamente con este problema.
«Si no, la bomba de Bárcenas le estallará probablemente al Gobierno», ha advertido Cayo Lara a Rajoy.
En este debate, el presidente del Gobierno ha señalado que el informe que prepara el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales estará listo en unas semanas y espera que pueda servir de base para construir entre todos, «en positivo», un acuerdo, «si hay voluntad política de hacerlo».
Una voluntad que sí tiene el Partido Popular según ha asegurado el jefe del Ejecutivo.
«Le invitaría a no quedarnos en decir lo que ya todos sabemos», sino a «ser eficaces y plantear medidas útiles», ha dicho al líder de IU Rajoy, quien por otro lado ha recordado que la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, habló el pasado día 21 con los portavoces de todos los grupos parlamentarios para proponerles impulsar este pacto.
Lara, sin embargo, ha señalado que con la «comisión» que propuso impulsar Sáenz de Santamaría «sólo se consigue un lavado de imagen, de la cara del problema de la corrupción en este momento».
El líder de IU ha lamentado que en un país que «se desangra» por la crisis, con seis millones de parados y más de 300.000 desahuciados; pobreza, exclusión y hasta suicidios aparezcan casos de presunta corrupción que están «minando nuestra democracia».
Ha citado muchos de ellos -Gürtel, Urdangarín, Palao, Pokemon, Campeón, Fabra, Pallerols, EREs, Baltar, Matas-, así los 22 millones de euros que llegó a acumular en una cuenta en Suiza el extesorero del PP Luis Bárcenas o las noticias de «supuestos sobres invisibles por Génova» y ha señalado que todos estos casos han creado «escándalo público, indignación y alarma social».
En su opinión, se ha creado un modelo «perverso», y una corrupción «sistémica al calor de la burbuja inmobiliaria», y el problema de fondo está en que «no se puede asfixiar a los partidos políticos» y que después «algunos puedan coger recursos por la puerta de atrás de las empresas».
El líder de IU ha dicho que en este país hay más políticos honrados que corruptos, pero ha insistido en que la corrupción no se resuelve con un informe de expertos y una comisión.
Medidas
La corrupción política, ha defendido Sáenz de Santamaría, «no conoce de colores», sino que depende de la honradez y la honestidad, «que es algo mucho más personal», por lo que ha abogado por «pactar entre todos» esas medidas «con espíritu constructivo», ya que ha admitido que hay que trabajar más contra estos delitos.
No obstante, también ha recordado que la Ley de Transparencia será un buen «antídoto» contra la corrupción.
«Porque para perseguir todos esos delitos, la mejor manera de hacerlo es conocerlos y la mejor manera de conocerlos es que se publiquen de la A a la Z las subvenciones y contratos de las administraciones públicas que pueden ser un foco u origen de esta corrupción», ha afirmado.
Así, ha recalcado que por primera vez en España con rango de ley los principios del buen gobierno van a incluir infracciones si se incumplen y sanciones para castigarlas, con la posible inhabilitación de los altos cargos que dejarán de serlo durante «una larga temporada».
En este sentido, ha avanzado también que «si hay que reformar el Código Penal, se reforma, si hay que endurecer las penas, se endurecen», y ha garantizado que el Gobierno «traerá» medidas concretas para ser más eficaces contra la corrupción.
Por su parte, Rosa Díez, que ha definido la corrupción política como «delincuencia organizada», ha criticado que en España los corruptos tengan tres posibles salidas: que los delitos prescriban, que defensas y acusaciones alcancen un acuerdo de conformidad o, por último, el indulto del Consejo de Ministros.
También ha recordado que para perseguir la corrupción, su grupo ha propuesto incluir la financiación ilegal de los partidos como delito específico en el Código Penal, así como el enriquecimiento irregular de los cargos públicos.
«Han terminado los tiempos de las palabras y de los grandes pactos vacíos de contenido», ha dicho la diputada de UPyD aludiendo a la oferta de pacto contra la corrupción lanzada por el Gobierno a las fuerzas políticas.
En opinión de Rosa Díez, lo que hay que hacer es aprobar reformas legales, como las que propone UPyD, que permitan perseguir, prevenir y condenar la corrupción, a lo que la vicepresidenta ha contestado que, entre otras medidas, ya se ha «recuperado la responsabilidad penal» de los partidos políticos.
Antes de la sesión de control, la vicepresidenta ha asegurado a los medios de comunicación en los pasillos del Congreso que lo que hay que hacer es «proponer medidas para que la Justicia sea más eficaz, para que tenga mas medios» y para que la respuesta frente a los corruptos sea «mucho más rigurosa».