El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, aseguró ayer que le gustaría ir «más allá en la negociación» sobre desahucios, después de que el Gobierno haya aprobado un real decreto con el objetivo de frenar esta situación cuando afecte a las personas más vulnerables.
García-Margallo dijo que «en circunstancias normales los contratos están para ser cumplidos porque si no lo que desaparecen son los préstamos hipotecarios», pero «estamos en una situación excepcional».
«Si en una situación excepcional se rompe la regla de juego y se ayuda a los bancos, me parece de toda lógica que se ayude también a las personas que están sufriendo los errores que se han cometido y que no todos son imputables a esas personas», argumentó.
En este sentido, el titular de la cartera de Asuntos Exteriores afirmó que si en algunos casos puede haberse «pecado de falta de prudencia al pedir un préstamo sin tener los medios» para devolverlo, «no deja de ser menos verdad que aquí ha habido una falta de regulación de los bancos, que se han dedicado a repartir una serie de productos para ganar dinero en comisiones sin tener en cuenta la capacidad de la persona a la que se le otorgaba el préstamo, y que ha habido una falta de supervisión de los que estaban encargados de que no se cometiesen excesos».
Palma
En Palma, la Junta de Jueces de 1ª Instancia y Mercantil decidió pedir ayer a los secretarios judiciales la suspensión cautelar durante un mes de los desahucios para que los jueces puedan informar a los afectados del contenido del decreto.
Por su parte, la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Ada Colau, denunció ayer que el real decreto pondrá «a la gente a competir para ver quién está más enfermo y quién es más desgraciado».
«Para nosotros toda la gente afectada es vulnerable, en la medida en que nadie deja de pagar su vivienda por voluntad propia», argumentó la portavoz.