El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha afirmado que los poderes públicos si lo consideran «necesario» pueden regular aunque sólo «administrativamente» el derecho de manifestación porque la restricción «excesiva» de los derechos fundamentales puede complicar la convivencia democrática.
En los desayunos informativos de Europa Press, ha defendido que no se puede «otorgar carta de naturaleza a la explotación de un legítimo malestar social como un medio para deslegitimar en bloque» la forma de Estado, las Cámaras legislativas o a los propios parlamentarios, con un «frecuente gravísimo quebranto de la convivencia democrática».
El máximo representante del Ministerio Público ha destacado que su departamento confiere una especial sensibilidad a la protección del derecho de manifestación y al derecho de libertad expresión.
Sin embargo, ha advertido de las «imposibles consecuencias» de utilizar del descontento social como forma de «deslegitimación en bloque de la forma de Estado, las Cámaras o sus titulares.».
Según ha recalcado, el Ministerio Público es garante de la estructura constitucional pero también de los derechos individuales, entre los que se encuentra el de la libertad de expresión. «He hablado de la necesidad de proteger el derecho a la libertad de expresión incluso para las ideas que odiamos o nos odian», ha añadido.
Es decir, a su juicio, el «exceso» del ejercicio de los derechos constitucionales no puede contribuir al «desarme de nuestro Estado institucional y del Estado de Derecho». «El equilibrio del orden jurídico se basa en el principio de proporcionalidad», ha añadido.
Torres-Dulce ha puesto así de relieve la necesidad de permitir las manifestaciones y reuniones pero de «reprimir a todos aquellos que utilizan esos derechos de libertad de expresión o reunión para ir más allá y socavar los cimientos del Estado de Derecho». Ha utilizado una anécdota cinematográfica para ilustrar su idea de que el orden es demasiado, pero «no demasiado orden».
Al ser preguntado sobre la propuesta de la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, de limitar el derecho de manifestación, Torres-Dulce ha respondido que «si es necesario» habría que regularlo administrativamente puesto que ya se recoge en el Código Penal y en la Constitución. «Deben ser respetados y observados por todos los españoles. Quien no guarde los límites está sujeto a la implacable presencia de la constitucionalidad», ha añadido.
En este contexto, ha dicho comprender que los ciudadanos de Madrid puedan verse afectados las continuas manifestaciones. Eso sí, ha indicado que «restringir excesivamente» complica la convivencia democrática.
Respecto a la actuación policial en las marchas del 25-S y las concentraciones posteriores, el fiscal general del Estado ha defendido la labor de la Policía, que está sujeta a la legalidad y que a veces trabaja en condiciones «difíciles», aunque ha recordado que los ciudadanos pueden denunciar cualquier exceso de los límites de la legalidad que se haya cometido ante los tribunales.
ALGUNOS MANIFESTANTES EN LA AUDIENCIA NACIONAL
En cuanto a la posición de la Fiscalía, Torres-Dulce ha recordado las diligencias abiertas en torno a los organizadores de la manifestación del 25-S por presuntos delitos contra las altas instituciones del Estado y, respecto a los participantes, ha afirmando que «no todo el mundo pudiera haber incurrido» en este tipo de delito puesto que los atestados policiales hablan de actitudes de desobediencia, atentado a la autoridad o resistencia.
«Hay ciudadanos que evidenciaron que iban más allá y pretendían intentar llegar al Congreso de los Diputados y esas conductas hay que depurar para decidir si esos ciudadanos pudieran estar incursos en delitos contra las altas instituciones del Estado», ha dicho, por lo que serían investigados por la Audiencia Nacional.