Empleados públicos de todo el Estado se concentraron ayer en las principales ciudades españolas y llevaron a cabo algunos cortes de tráfico para protestar contra los ajustes aprobados por el Gobierno, que califican de «ataque» contra el colectivo y creen que dañarán los servicios públicos.
Fuentes del sindicato de funcionarios CSI-F confirmaron que la central convocará una huelga en el sector público el mes de septiembre, a la espera de consensuar la fecha exacta con CCOO y UGT.
Los sindicatos han advertido de que las concentraciones son sólo «el primer paso» y que las «medidas de fuerza» continuarán hasta echar atrás los «recortes» que afectan a la función pública.
En Madrid, cientos de empleados públicos clamaron en la Puerta del Sol contra los ajustes y por la mañana hubo breves cortes de tráfico en el Paseo de la Castellana, a la altura de Nuevos Ministerios, en el Paseo del Prado -frente al Ministerio de Sanidad- o ante la sede del Partido Popular en la calle Génova.
A las convocatorias sindicales se unieron protestas espontáneas, como la de los trabajadores del Congreso de los Diputados o de Moncloa.
Cabeza de turco
El vicepresidente nacional del sindicato de funcionarios CSI-F, Pepe Navarro, lamentó que los ajustes aprobados sitúen a los empleados públicos «como culpables del déficit y de lo malo» de España.
Una opinión que comparte el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Enrique Fossoul, quien denunció la «imposición» de unos recortes que son el «chocolate del loro» comparados con la deuda española.
Ambos dirigentes destacaron que las centrales barajan medidas jurídicas, como recursos de inconstitucionalidad, y recordaron que el Tribunal Constitucional de Portugal advirtió al Gobierno luso de que sus «recortes salariales» eran discriminatorios porque solo se habían aplicado a funcionarios y pensionistas.