La Policía Nacional detuvo ayer al director general de Integración y Cooperación de la Consejería de Justicia y Bienestar Social, Josep María Felip, acusado de los delitos de fraude de subvenciones, falsedad documental y malversación de fondos públicos.
El ministerio público abrió una investigación por este asunto en octubre de 2010, y tenía el plazo de un año para decidir si lo archivaba, si lo remitía al juzgado o si lo prorrogaba. Ante la abundante documentación y su complejidad, el fiscal decidió pedir una prórroga durante seis meses más para seguir con la investigación.
Precisamente, en octubre de 2010, la Fiscalía abrió diligencias de investigación tras recibir una denuncia de la diputada de los socialistas valencianos, Clara Tirado, en relación a subvenciones otorgadas en 2008 por la Consejería de Solidaridad a la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Cyes) para el desarrollo de dos proyectos de cooperación en Nicaragua.
Dos millones de euros
Concretamente, Tirado denunció la subvención de cerca de dos millones de euros concedida por el Gobierno valenciano para abastecer y tratar agua para consumo humano y producir alimentos en Nicaragua y que -según mantenía- acabó destinándose a la compra de bienes inmuebles en la ciudad de Valencia.
El número de detenidos en la investigación abierta asciende a 10, aunqueque no se descartan más arrestos.
El PP abrirá un expediente informativo a Felip, así como al subsecretario de Sanidad, Alexandre Catalá, militantes ambos de base del partido, por su relación con la causa que investiga supuestas irregularidades en la concesión de ayudas a la cooperación.
El partido aplicará el nuevo régimen disciplinario contenido en los estatutos aprobados en el Congreso Nacional de Sevilla, donde la formación decidió endurecer su régimen disciplinario y ser más estricta en el control del patrimonio de sus integrantes de modo que, entre otras medidas, expulsará de la formación a los afiliados que queden inhabilitados de sus cargos públicos cuando haya sentencia firme.
No obstante, el primer paso es la apertura de un expediente informativo por parte de un comité de Derechos y Garantías en una fecha aún sin concretar.