El presidente de Aereopuertos Españoles y Navegación Aerea (AENA), Juan Ignacio de Lema, confirmó ayer que las negociaciones con los controladores se han roto ante «el bloqueo y la actitud obstrucionista y negativa» del sindicato USCA, al que acusó de negociar «con mala fe» y de no haber presentado ninguna propuesta para alcanzar un acuerdo, y pidió a la Dirección General de la Aviación Civil (DGAC) que adopte las medidas que considere necesarias, de cara a Semama Santa, para garantizar que el tráfico se desarrolle en condiciones de «eficacia, seguridad y sostenibilidad».
Pero la otra parte tiene una idea muy distinta. La Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) culpa a AENA de romper «de manera unilateral» las negociaciones. Además, los trabajadores dicen que el Gobierno ha iniciado una campaña en su contra.
Los usuarios, rehenes
Lema, de forma contundente, reseñó que AENA «no va a consentir» que la actitud de los controladores «ponga en riesgo la continuidad del servicio» con unas propuestas «inadmisibles», y que la estrategia de los controladores no es otra que «prorrogar artificialmente» la negociación para llegar al 31 de marzo, fecha que vence el acuerdo, «sin capacidad de maniobra ninguna» por parte de AENA para imponer así «unas condiciones» inaceptables tomando con rehenes a los usuarios».
Juan Ignacio de Lema, señaló que las peticiones de la USCA «no reducen los costes de control, sino que los aumentan desde los 780 millones de euros en 2009 hasta los 912 millones de euros en 2012», lo que supondría un 70% más que la media de los cinco principales países proveedores de control de Europa.
También plantearon una jornada de 1.800 horas anuales, una tercera parte a «precios desorbitados».
Ante estas acusaciones, el secretario de comunicación del sindicato, Rafael López, negó la existencia de «medidas de presión» por parte del colectivo, como una huelga «que no existe y no va a existir», añadiendo que los controladores seguirán con las negociaciones y prestarán servicio a partir del 1 de abril, día que vence el acuerdo.
De forma parecida habló el presidente de la USCA, Juan María García Gil, quien acusó al Gobierno de una campaña política «para intentar recuperar la imagen que ya no tiene», y habló de la existencia de «maquinaciones». «No hay convocatoria de huelga para Semana Santa», aseguró.