El presidente de la patronal Pimec, Josep González, pidió ayer una mayor presencia policial en Barcelona y endurecer la normativa legal para combatir la inseguridad y la multireincidencia que afecta a comercios, ciudadanos y turistas, y que vinculó a la inmigración.
«Barcelona ha tenido un flujo de entrada de inmigrantes con sus problemáticas y de gente que ha venido de países que seguramente no tienen la ética que tenemos aquí, que ha hecho que el nivel de inseguridad haya subido», afirmó González tras reunirse con el líder del PP en el Ayuntamiento, Alberto Fernández Díaz.
La realidad nos supera
González emplazó al Ayuntamiento a desplegar un número «suficiente» de Guàrdia Urbana y Mossos d'Esquadra «bien preparados», y a ejercer su influencia institucional para endurecer la normativa legal. Reconoció que el Consistorio está «haciendo cosas», pero añadió que hacen falta más. «La realidad diaria nos supera», afirmó.
Mientras, la Generalitat de Catalunya garantizó ayer que todos los ayuntamientos catalanes empadronan a los inmigrantes tengan o no papeles e instó al Consistorio de Vic (Barcelona) a atacar la normativa estatal, lamentando el «embrollo» que ha causado la decisión del gobierno municipal de negarse empadronar a los extracomunitarios sin el visado en regla. El Govern lamentó además que el caso de Vic haya levantado tanta polvareda.
Por otra parte, las asociaciones de inmigrantes Rumiñahui, Aculco, Vomade y Ari-Perú anunciaron ayer que estudian acudir al Tribunal Constitucional si se cumplen las medidas anunciadas en materia de inmigración por el Ayuntamiento de Vic. En un comunicado conjunto, denuncian la «irresponsable manipulación» de la Ley de Extranjería «con fines meramente electoralistas y que rayan en prácticas racistas y xenófobas».