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El juzgado de Palma que ejecuta las condenas, el más retrasado de España

Casi 8.000 sentencias por delitos penales están pendientes de cumplimiento en las Illes Balears

El informe hecho público ayer por el Consejo del Poder Judicial pone de manifiesto que el 'caso Mari Luz' no es tan excepcional.

EFE/OTR-MADRID

El juzgado de lo Penal número ocho de Palma, encargado en exclusiva de las ejecutorias de todo el sistema judicial de la capital balear, es el que tiene el mayor número de causas pendientes de resolución de España con 8.041 ejecutorias. Por detrás, están los cuatro de Madrid (con una media de 6.864 ejecutorias), los cuatro de Catalunya (5.624) y los tres de la Comunidad Valenciana (5.309) y los del País Vasco (3.100), según un informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que analiza la situación de todos los juzgados de ejecutorias de España.

El estudio indica que en el juzgado de Palma la pendencia ha incrementado un 26'29 por ciento la cifra de casos pendientes de ejecución en el último trienio al pasar de 6.742 en 2005 a las 8.041 del 2007, a pesar que el nivel de resolución de causas ha crecido un 12'78 por ciento con respecto a 2006, cuando bajó un 9'8 por ciento.

La actividad resolutiva ha sido, según el estudio, «variable» en el juzgado de Palma, al pasar de 4.453 causas en 2005 a las 4.021 de 2006 y las 4.535 de 2007, si bien el balance de todo el período es positivo pues la capacidad para resolver asuntos se ha aumento un 1'84 por ciento. El informe recoge que el nivel de pendencia media de los juzgados palmesanos en los últimos tres años «se ha incrementado de forma notable», al crecer entre 2005 y 2006, un 14'74 por ciento; y entre 2006 y 2007, un 3'94 por ciento.

Para paliar este colapso, en próximos días se incorporarán un nuevo juez y un secretario más al número ocho, Juzgado Unico de Ejecutorias de Balears, según anunció hace un mes el presidente del Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears (TSJIB), Antoni Terrasa, en una rueda de prensa. Terrasa advirtió entonces ya que el juzgado vivía «en una situación muy precaria» desde su creación por lo que señaló que, dado que los plazos de respuesta «rayan la paralización funcional» del flujo de ejecutorias se corre el riesgo de que prescriban penas por infracciones leves.

Parte de este problema radica, según apunta el informe y tal y como comentó Terrasa, en que la plantilla del juzgado de lo Penal número ocho de Palma está formada mayoritariamente por personal interino y sin experiencia alguna.

La plantilla del Juzgado Penal de Ejecutorias está compuesta por un magistrado, un secretario judicial, y 29 funcionarios (9 Gestores y 18 Tramitadores y 2 Funcionarios de Auxilio Judicial). En la actualidad, la mayoría de los Funcionarios de este Juzgado son Interinos.

El informe señala que con las cifras de sentencias pendientes de ejecución se «sobrepasa la media del registro en un 21 por ciento en Madrid, en un 52'24 por ciento en Barcelona, en un 99'62 por ciento en Valencia, en un 82'30 por ciento en Palma de Mallorca, en un 80 por ciento en Bilbao, y en un 4'10 por ciento en San Sebastián».

Así, por comunidades autónomas, la peor situación se registra en Catalunya, donde hay 56.582 procedimientos (22.499 en juzgados de Ejecutoria), seguida de la Comunidad Valenciana, con 39.868 (15.929); la Comunidad de Madrid, con 37.476 (10.020); País Vasco, con 7.571 (6.200) y Balears, con 10.127 (2.086).

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