El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estudiará la semana que viene si abre expediente al juez de la Audiencia Nacional José María Vázquez Honrubia, que la semana pasada negó un traductor catalán a los dos jóvenes condenados por quemar fotos del Rey, que alegaron indefensión por ese motivo. El magistrado, por su parte, recuerda en la sentencia sobre este caso, hecha pública ayer, que la obligación de conceder los servicios de un traductor a un acusado se limita únicamente al caso de que el acusado no conozca el idioma y que, en el caso de los dos jóvenes independentistas «no hablaron español porque no quisieron», y considera que los dos acusados trataron de «instrumentalizar» el juicio para realizar una «reivindicación» político-lingüística, que «nada tiene que ver» con el derecho de defensa.
La apertura de expediente disciplinario al juez Vázquez Honrubia se estudiará en el Pleno del CGPJ a instancias del vocal Alfons López Tena, propuesto por CiU, y uno de los que más polémica ha causado por sus declaraciones de corte nacionalista. Tena acusa al magistrado de la Audiencia Nacional de «haber cometido supuestamente una falta muy grave de ignorancia inexcusable en el cumplimiento de los deberes judiciales, así como una falta grave de abuso de autoridad y falta gave de consideración respecto de los ciudadanos, o en su defecto, una falta leve de consideración con los ciudadanos».
El vocal del CGPJ también propone remitir al Ministerio Fiscal la actuación de Vázquez Honrubia, así como la normativa al respecto «eventualmente vulnerada por si los hechos pudieran ser constitutivos de delito». Este caso también se introdujo en el orden del día de de la reunión quincenal de la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, que la semana pasada recibió una carta de la consejera de Justicia de la Generalitat, Montserrat Tura, en la que señalaba que esta institución «tendría que estar preparada para atender en todas las lenguas oficiales del Estado».
La Sala de Gobierno, que agradeció en un escrito el «interés» y la «preocupación» de la consellera catalana, añade que «la Audiencia Nacional ya dispone de medios necesarios para garantizar la interpretación de las lenguas cooficiales» y explica que su utilización depende de cada Sala y cada magistrado.