La Audiencia Provincial de Madrid condenó ayer al ex secretario de Estado de Seguridad Rafael Vera y a su ex secretario personal Juan de Justo a un año, seis meses y un día de prisión, como autor y cooperador necesario respectivamente, de un delito continuado de malversación de caudales públicos en el uso de Fondos Reservados del Estado, en el denominado «caso Maletines».
Vera, al que el tribunal acusa de haber intentado comprar el silencio de los dos policías involucrados en la trama de los GAL, consideró la sentencia del tribunal «previsible», ya que el caso era «un guión ya escrito», aunque consideró «injusta» la condena a su antiguo secretario personal, que «siempre ha trabajado legalmente».
La Audiencia Provincial de Madrid considera así probado que Vera ordenó, entre 1988 y 1994, que más de 206 millones de las antiguas pesetas procedentes de los Fondos Reservados del Estado se utilizaran para «compensar la disminución de ingresos» que sufrieron los ex policías Michel Domínguez y José Amedo, a raíz de su ingreso en prisión tras ser condenados por los asesinatos de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), así como «garantizar el silencio de los dos procesados y evitar que delatasen a otros implicados en la trama de los GAL». «El dinero entregado a los cuatro responsables era para un fin muy concreto: guardar silencio», afirma.
«Esta decisión fue tomada por Rafael Vera con pleno conocimiento de que los Fondos Reservados no se podían destinar a cubrir ese tipo de gastos», remarca el tribunal en la sentencia. Además, detalla que para llevar a cabo este plan, el ex secretario de Estado de Seguridad encargó a su secretario personal que realizara los pagos mensuales utilizando sobres blancos cerrados con celofán, en los que figuraban los nombres de las esposas. Igualmente, insistió en que ordenó a De Justo que pagará las operaciones quirúrgicas a las que se sometieron las esposas de Amedo y Domínguez.