El criterio que a principios de este año comenzó a aplicar el presidente del Congreso, Manuel Marín, que permitía el breve uso del gallego, el catalán y del euskera -seguidos siempre de su traducción al castellano- en las sesiones plenarias de la Cámara y que revocó a las pocas semanas por entender que ERC estaba abusando de la formula, podría formar parte del articulado del nuevo reglamento del Congreso. Y es que los grupos parlamentarios de PSOE y ERC están barajando la posibilidad de incluir una formula similar en la reforma del reglamento del Congreso que permita un uso limitado de las lenguas cooficiales en el pleno de la Cámara Baja.
El polémico tema del uso las lenguas en el pleno del Congreso originó varios encontronazos entre diferentes grupos parlamentarios -sobre todo entre socialistas e independentistas-, y en los que se vio involucrado el propio Marín. El tema se derivó a la reforma del reglamento y en julio ambos grupos retomaron los contactos para intentar llegar a un acuerdo en este ámbito. Un acuerdo que curiosamente, ahora podría tener como base la formula que intentó poner en práctica hace unos meses el presidente del Congreso.
El asunto de las lenguas trajo consigo una enmienda propuesta por el llamado 'Grupo de Sitges', que conforman los seis grupos minoritarios (ERC, CiU, PNV, IU-ICV, CC y Mixto), y en la que se define la utilización de las lenguas cooficiales como un derecho de los diputados. Una enmienda a la que PSOE y PP se opusieron desde un primer momento. Este un tema que se convirtió en uno de los principales caballos de batalla de ERC, y su presidente Josep Lluís Carod-Rovira, amenazó con que este mismo mes presentarán una proposición de Ley para que el catalán, el gallego y el euskera tengan carácter de lengua oficial en el Estado.
Por su parte el grupo socialista ve con buenos ojos la formula de Marín y, ante la voluntad de diálogo y flexibilidad mostrada por los republicanos en este ámbito, pretenden articular la negociación en base a este modelo de del uso breve con las citadas condiciones, que el PP por ahora rechaza. Una fórmula intermedia que permitirá la utilización de las lenguas cooficiales sólo en los Plenos, para hacer una introducción al tema de debate y siempre que se acompañe de la correspondiente traducción.