El Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid ha citado a declarar el próximo 5 de julio como imputados a los propietarios del Grupo Marsans, Gonzalo Pascual y Gerardo Díaz, por un presunto delito de apropiación indebida de fondos públicos por importe de hasta 246 millones de dólares (204 millones de euros) procedentes de las aportaciones de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para el pago de deudas de Aerolíneas Argentinas, propiedad de la sociedad Air Comet tras su privatización en 2001.
Air Comet está controlada por el grupo Marsans y por el presidente del consejo de administración de Aerolíneas Argentinas, Antonio Mata, también imputado en el proceso. En el escrito de providencia, la titular del Juzgado número 35 amplía una denuncia inicialmente presentada contra Antonio Mata, imputándoles además a los tres un presunto delito fiscal y otro de supuesta falsedad documental en las cuentas anuales de Air Comet. El proceso se encuentra en fase de diligencias previas.
Los hechos se remontan a diciembre de 2002, fecha del concurso de acreedores de Aerolíneas Argentinas. Air Comet habría hecho entonces figurar en su favor unas deudas ya canceladas por la SEPI en el marco de sus aportaciones para la reducción de deuda de la compañía y su reflotamiento. Así se recoge en la denuncia presentada por miembros del equipo de interventores judiciales del concurso de acreedores de AA, que ha motivado la citación a Pascual y Díaz como imputados de los tres delitos mencionados.
La primera aportación de la SEPI tuvo lugar en diciembre de 2001, tres meses después de la venta de Aerolíneas Argentinas a Air Comet. El holding público concedió entonces 300 millones de dólares para que la aerolínea cancelara una serie de pasivos, entre los que se encontraba una deuda por valor de 190 millones de dólares a favor de BBVA, ABN Amro y Citibank. A esta deuda hay que sumar otra de 56 millones de dólares a favor de Repsol YPF.