Con una larga primera intervención, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, hizo balance ayer de su primer año en La Moncloa. Antes de entrar en materia política, se comprometió a consensuar en el Congreso, con todos los grupos, un posible final de la violencia de ETA para el que, no obstante, pidió no generar ilusiones falsas. Sobre el otro tema estrella de este debate, la financiación autonómica, aseguró que su intención es que entre en vigor en 2006, aunque antes se abordará, en la próxima Conferencia de Presidentes, el déficit sanitario. Zapatero hizo continuas alusiones al PP en su intervención, tanto para dar por desmontadas las «profecías» de los populares sobre el Gobierno socialista como para comparar sus logros en el Gobierno con los de José María Aznar, siempre colocando por encima su gestión.
Zapatero quiso abordar en primer lugar la política antiterrorista porque «violencia y política no deben cruzarse». En este punto hizo un anuncio de gran relevancia. El presidente del Gobierno se comprometió solemnemente, «si se diera el caso», a comparecer en el Congreso de los Diputados «para explicar los pasos a dar y para solicitar el respaldo de todos los grupos políticos al logro de la gran aspiración de poner fin al terrorismo en España». Esta proclama supone un paso más en el espíritu del Pacto Antiterrorista y en cierto modo una superación de sus principios, puesto que Zapatero se comprometió a hablar con todos los grupos del tema. Pero no por ello dio por enterrado el acuerdo, del que dijo sentirse personalmente responsable. «El Pacto obliga, cuando se está en el Gobierno y también cuando se está en la oposición. Cuando se está en el Gobierno se agradece el apoyo. Cuando se está en la oposición hay que dar el apoyo y es en esa situación cuando cumplir el Pacto tiene más mérito. Lo digo por experiencia. Di mi apoyo al Gobierno y los ciudadanos así lo valoraron. Estoy seguro de que si alguien niega ese apoyo, los ciudadanos demandarán responsabilidades», advirtió Zapatero al PP.
El otro gran asunto a priori de este debate, el modelo de Estado, lo dejó Zapatero para el final de su primera intervención. No hay novedades con respecto a la reforma de la Constitución, prevista para el final de la legislatura, ni tampoco para las de los estatutos, que recibirán el apoyo del Gobierno si se respeta el procedimiento y los valores de la Carta Magna y si cuentan con amplio consenso político y social. Esta, dijo, es una postura coherente, con la «aceptación de la profunda diversidad que caracteriza esta realidad histórica que generaciones y generaciones llaman, llamaron y llamarán España, y a la que sienten como patria común de todos los que habitan sus territorios». También anunció que los Tribunales Superiores de Justicia serán la última instancia ordinaria en cada comunidad autónoma y que el Supremo se dedicará a unificar su doctrina.