Varios alcaldes del PP, como los de Valladolid y León, apelaron ayer a la objeción de conciencia para decir que no celebrarán bodas homosexuales, mientras que el presidente de la Subcomisión de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal, el obispo de Castellón, Juan Antonio Reig Pla, instó a la «desobediencia civil» de los regidores católicos.
La postura más radical llegó desde la localidad barcelonesa de Pontons, cuyo alcalde, el popular Lluís Caldentey, aseguró que no casará a homosexuales y opinó que «un gay es una persona tarada, que nace con una deformación física o psíquica».
Su partido lo desautorizó y anunció que lo expulsará, mientras que el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, recordó que los titulares de los poderes públicos están obligados a cumplir la ley y que «no cabe alegar la objeción de conciencia».
El secretario de Estado de Justicia, Luis López Guerra, añadió que «no existe una cláusula de conciencia en la Constitución que diga que las leyes sólo se obedecerán cuando estén de acuerdo con la conciencia de cada uno».El arzobispo emérito de Barcelona, Ricard Maria Carles, por su parte, dijo que si se obedece antes a la ley que a la propia conciencia, «esto lleva a Auschwitz». Para Carles «no eran delincuentes los que hicieron Auschwitz, sino gente a la que se forzó o que creyó que tenían que obedecer primero a las leyes del Gobierno nazi que a su conciencia».
El origen de la polémica se remonta al pasado viernes, cuando el cardenal presidente del Consejo Pontificio para la Familia, Alfonso López Trujillo, recomendó a los funcionarios españoles que se acogieran a la objeción de conciencia ante el matrimonio gay. Mientras muchos alcaldes del PP contrarios a la reforma del Código Civil que se tramita en el Parlamento manifestaron que cumplirán la ley, varios avanzaron que no celebrarán bodas entre personas del mismo sexo.
El regidor de León, Mario Amilibia (PP), apeló a su conciencia para negarse, aunque delegará en otros ediles, mientras que el de Valladolid, Javier León de la Riva, aseguró que el ministro de Justicia no le puede obligar a casar a homosexuales ni a delegar la competencia.
Sin entrar en cuestiones de conciencia, el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, señaló que «las leyes están para cumplirlas». Para el responsable de movimientos sociales del PSOE, Pedro Zerolo, si un alcalde rechaza celebrar un matrimonio gay y se niega a delegar esa función en otro concejal también prevaricaría.