El Gobierno, tras comenzar la ofensiva judicial contra el Plan Ibarretxe, ha iniciado la legislativa. Así, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a la modificación del Código Penal para castigar a las autoridades que convoquen un referéndum ilegal con penas de entre tres y cinco años de cárcel. El lehendakari, Juan José Ibarretxe, respondió desde el Parlamento vasco. Afirmó, «con serenidad», que si la Cámara aprueba el nuevo Estatuto, habrá consulta.
Otra de las reformas impulsadas por el Gobierno supondría sancionar la financiación de Sozialista Abertzaleak, permitida por los tres partidos que forman el Gobierno vasco pese a los requerimientos del Tribunal Supremo.
Son tres las medidas que impulsa el Gobierno para frenar el Plan Ibarretxe. En primer lugar, la modificación del Código Penal para castigar a las autoridades que convoquen un referéndum ilegalmente, que estará penado con entre tres y cinco años de cárcel y entre seis y diez años de inhabilitación absoluta. El Gobierno asegura que así se busca el respeto al sistema democrático y la soberanía popular expresada a través de las elecciones o consultas populares previstas en la Constitución.
Las sanciones incluyen la pena de entre uno y tres años de prisión a las autoridades o funcionarios públicos que, sin convocar la consulta, faciliten, promuevan o aseguren estos procesos una vez que se haya acordado su ilegalidad. También se crea el delito de financiación con fondos públicos de grupos parlamentarios ilegalizados. Esta norma está pensada para la situación de Sozialista Abertzaleak en el Parlamento vasco, sucesor de la ilegalizada Batasuna. Actualmente, esta conducta no es delito, aunque sí puede serlo la desobediencia a las órdenes de la Justicia.