La Fiscalía Anticorrupción acusó ayer al ex presidente del Atlético de Madrid, Jesús Gil, y a su hijo y director general del club, Miguel Angel Gil, de desarrollar una gestión que «parece ser particular y deliberadamente perjudicial» para la entidad. Así se expresa el ministerio público en una nueva querella interpuesta contra los Gil en la Audiencia Nacional, y en la que les acusa de defraudar 12,8 millones de euros a Hacienda durante los ejercicios 1997, 1998 y 1999.
En su escrito, Anticorrupción asegura que los Gil «vienen endeudando ilimitadamente a la entidad sin previsión de futuro, impagando sistemáticamente sus obligaciones tributarias y abocándola a una situación de crisis financiera prácticamente irreversible». La Fiscalía añade que, «en tales condiciones, su conducta compromete la ejecución de la sentencia» que el pasado 14 de febrero condenó a Gil a tres años y seis meses de prisión por los delitos de apropiación indebida y estafa, «las medidas de responsabilidad civil acordadas y, en particular, la restitución ordenada de las acciones al club».
Según Anticorrupción, «la futura venta de dichas acciones para la capitalización del Atlético resultará inviable porque su valor de mercado se habrá reducido a cero», tal y como concluyó un informe pericial presentado el pasado 23 de abril al juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo.