La Mesa del Parlamento Vasco no disolvió ayer al grupo de la antigua Batasuna, Sozialista Abertzaleak, y pidió un informe jurídico interno para analizar la situación creada, ante lo cual el portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Enrique López, recordó que las resoluciones judiciales deben ser cumplidas.
PP y PSE-EE exigieron en la reunión del órgano de Gobierno del Parlamento Vasco la ejecución del auto del Tribunal Supremo del pasado día 20, en el que se declaraba la disolución de SA y se exigía a la Cámara que se ejecutase «sin demora».
En cambio, los representantes del PNV y EA, con el voto de calidad del presidente de la Cámara, Juan María Atutxa, acordaron encargar un informe a sus servicios jurídicos que analice las actuaciones mantenidas hasta ahora por la Mesa y si una disolución del grupo de la antigua Batasuna requeriría de una reforma del Reglamento o sólo de una resolución del presidente, como sostienen «populares» y socialistas. Este informe tardará al menos una semana.
Por su parte, IU/EB abrió otra línea, al registrar una proposición en la Cámara en la que se pide al Gobierno Vasco que plantee un conflicto de jurisdicción ante el Supremo, al considerar que el auto de este Tribunal invade competencias del Legislativo.
A este respecto, el portavoz del Gobierno Vasco, Josu Jon Imaz, anunció que el Ejecutivo respaldó a Atutxa al asegurar que éste «ha dado probadas muestras de mantener la dignidad del Parlamento, que es la Cámara que representa la voluntad de los vascos».El presidente del PNV, Xabier Arzalluz, aseguró que, si de él dependería, «iría hasta el final» para oponerse al «atropello» que significa que el Tribunal Supremo ordene la disolución de Sozialista Abertzaleak en el Parlamento vasco. Arzalluz, en todo caso, admitió que esta determinación puede resultar«un poco drástica».
El presidente del BBB de PNV, Iñigo Urkullu, aseguró por su parte que la representación institucional corresponde a las formaciones que han obtenido los votos válidos emitidos, aunque destacó la necesidad de tener presente en las instituciones que «hay una parte de la sociedad que no tiene voz institucional», en alusión a los grupos de Batasuna ilegalizados.