El acuerdo, alcanzado en el seno de la comisión Constitucional de la Cámara Baja coincidiendo con el 20-N, incluye una «condena y repulsa» del uso de la violencia «para imponer convicciones políticas y establecer regímenes totalitarios contrarios a la libertad y a la dignidad de todos los ciudadanos».
Los partidos, cuyos portavoces destacaron que este acuerdo se produce veintisiete años después de la muerte de Franco, incluyen en la resolución que este esfuerzo de reconocimiento no debe servir «para reavivar viejas heridas o remover el rescoldo de la confrontación civil».
El texto final es el resultado de la negociación de todos los grupos en torno a las iniciativas presentadas por PSOE, IU y Eusko Alkartasuna (EA) y de la enmienda presentada por el PP a las mismas y debe suponer, según el portavoz de este grupo en el debate, Manuel Atencia, el «punto final del rosario de iniciativas parlamentarias sobre esta cuestión».