La juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios ha admitido a trámite la querella presentada por Rafael Pérez Escolar, condenado por el 'caso Banesto' y accionista del Santander Central Hispano, contra el presidente del banco, Emilio Botín, y el que fue copresidente de la entidad hasta agosto de 2001, José María Amusátegui, como presuntos autores de un delito societario. Se les acusa de disponer «fraudulentamente» de 43'7 millones de euros, en perjuicio de los accionistas, para indemnizar a Amusátegui cuando renunció a la copresidencia antes de la fecha prevista.
El texto de la querella afirma que los 43'7 millones de euros (7.280 millones de pesetas) percibidos por Amusátegui figuraban en las cuentas anuales del SCH de 2001 en el subapartado «compromisos por pensiones y otros seguros», por lo que compara este caso con el de los planes de pensiones suscritos para los consejeros del BBVA procedentes del Banco Bilbao Vizcaya que investiga el juez Baltasar Garzón en el denominado 'caso BBV'.
La juez Palacios ha aceptado la competencia de la Audiencia Nacional para investigar esta querella, al entender que el perjuicio, «de haberse causado, se proyectaría en una generalidad de personas, los accionistas del banco, pertenecientes al territorio de más de una Audiencia y pudiendo ser los hechos denunciados constitutivos de delito societario», según el auto.
La magistrada ordena como primeras diligencias solicitar al Registro Mercantil un certificado de los Estatutos del banco y de sus cuentas anuales, así como un informe de auditoría correspondiente al ejercicio de 2001 y del acuerdo de fusión entre el Banco de Santander y el Central Hispano Americano en 1999. También pide información a la Inspección del Banco de España sobre los hechos denunciados y al propio SCH le requiere certificación de las actas de la Junta General de Accionistas en que se aprobaron las cuentas de 2001.