Según fuentes del órgano de gobierno de los jueces, el Consejo ha encargado al Servicio de Inspección que recabe todos los datos en relación con la concesión de la libertad condicional por parte de la juez a petición del interno, ya que Instituciones Penitenciarias mantuvo el pasado mes de abril el segundo grado (el ordinario). La actuación del Consejo se produce a iniciativa de la presidencia del CGPJ tras las informaciones aparecidas en los medios de comunicación sobre esta decisión de la juez de vigilancia penitenciaria vasca.
La Junta de Tratamiento de la cárcel de Nanclares de Oca mantuvo en abril el segundo grado (el ordinario) al etarra por, entre otros motivos, no haber cambiado su posición a favor de ETA, aunque la juez le concedió este mes la libertad condicional tras estimar la queja del interno, que alegó que ya había cumplido las tres cuartas partes de la condena.
Ruth Alonso ya ha otorgado otros beneficios penitenciarios similares a miembros de ETA, algunos de ellos críticos con las tesis de la banda terrorista, como el expulsado de la organización José Miguel Latasa Getaria, a quien le concedió el tercer grado en marzo de 1996. Además, en septiembre de 1994 la jueza otorgó el tercer grado al ex agente de la Ertzaintza y condenado por colaborar con ETA, aunque luego fue expulsado de la banda, José Miguel Sueskun Sanz, y en julio de ese mismo año al etarra José Ramón Bidaburu, condenado a más de 172 años de cárcel y también expulsado por la banda.