En una reunión mantenida ayer entre Comunidades Autónomas y el Ministerio de Sanidad y Consumo para buscar soluciones al 'caso Opening', se pidió al Ministerio que medie entre las entidades financieras y los centros de idiomas para lograr que se sigan prestando servicios de forma similar a la contratada por los consumidores. Mientras, los bancos han comenzado a reclamar a los matriculados que decidieron no abonar el último recibo el pago de la deuda y amenazan con incluirles en las listas de morosos.
En la reunión, a la que acudieron los directores generales de Consumo de las comunidades autónomas y representantes del Ministerio, se acordó también que el Departamento que dirige Ana Pastor inste a los bancos para que suspendan la ejecución de préstamos pendientes y no incorporen a los usuarios en registros de impagados hasta encontrar una solución.
Las autonomías también quieren que el Ministerio pida al Banco de España que estudie los contratos de crédito suscritos por los alumnos afectados y remita al Ministerio Fiscal la información existente para, en su caso, abrir las correspondientes diligencias penales.
Por su parte, las comunidades autónomas continuarán controlando los centros dependientes de Opening y ejecutando todas las potestades administrativas, y se comprometieron a recoger y ordenar las reclamaciones de los alumnos. Éstas expresaron, asimismo, su interés por buscar soluciones para los afectados por el cierre de la academia de inglés, tras valorar «positivamente» el trabajo de las asociaciones y el consejo de consumidores.