PP y PSOE tienen previsto tener ultimadas a finales de este mes las reformas legislativas necesarias para la puesta en marcha los acuerdos destinados a incrementar la seguridad de los concejales amenazados por ETA en País Vasco y Navarra, alcanzados antes del verano en la comisión técnica del Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo.
Para la aplicación de estas iniciativas es imprescindible reformar seis leyes: la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, el Código Penal, la Ley de Bases de Régimen Local, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y la ley de Financiación de Partidos.
La intención de PP y PSOE es que se puedan aplicar antes de las elecciones municipales de la próxima primavera. Entre las medidas pactadas entre el Gobierno y los socialistas, destacan la posibilidad de que los ayuntamientos que tengan concejales amenazados puedan personarse como acusación particular en los procesos judiciales y que los ediles que no condenen el terrorismo no puedan ostentar ningún cargo más allá de su condición de concejal.