Los ministros de Exteriores de la UE no lograron ayer un acuerdo sobre medidas de castigo a los países pobres que se resistan a combatir la inmigración ilegal, por lo que los Quince tendrán la última palabra en Sevilla.
Las firmes reservas de Francia y Suecia, con el respaldo más tímido de Finlandia, Luxemburgo y Portugal, a las medidas de presión o sanciones propuestas por la presidencia española en caso de que terceros países no cooperen, impidió zanjar ayer la cuestión.
Pese al «consenso general» sobre el principio de que hay que cooperar con las naciones de origen y tránsito de indocumentados a combatir la inmigración clandestina, fue imposible el consenso sobre el punto de la propuesta española que aboga por la suspensión, en última instancia, de los acuerdos de asociación.
El párrafo de la discordia señala que «en caso de negativa a cumplir las obligaciones» de esa cláusula «se aplicarán los mecanismos pertinentes de diálogo o de resolución de controversia previstos, que podrán incluir la suspensión del acuerdo». El resto de la propuesta presentada por España fue respaldada por sus socios.
El documento presentado por España sienta las bases de la futura política de cooperación de la UE con terceros países de origen y tránsito en la lucha conjunta contra la inmigración ilegal y se les reclama una serie de esfuerzos.
La Unión Europea asegura que «estará dispuesta» a apoyar a los países que se comprometan a trabajar en colaboración con ella en la puesta en práctica de estas medidas y sostiene que «cuando resulte oportuno, este apoyo podrá ser financiero».
El ministro alemán de Exteriores, Joschka Fischer, lamentó que los Quince no se pusieran ayer de acuerdo: «hubiéramos preferido que se modificara el texto de la Presidencia española para ir a Sevilla con una posición consensuada, pero la Presidencia ha preferido llevarla tal cual».