El PSOE acusó ayer en el Congreso al vicepresidente económico, Rodrigo Rato, de haber utilizado sus informaciones acerca de la existencia de cuentas secretas en el BBV para poner al frente del BBVA a «su amigo» Francisco González, a quien achacan haber concedido desde Argentaria «al menos dos créditos» a empresas del entorno familiar del ministro de Economía. Rato recordó que, tras la desaparición del régimen de Franco, los ciudadanos ya no son «sospechosos» y que, si hay conocimiento de delitos, han de denunciarse, y advirtió a los socialistas que investigar a las familias de sus adversarios raya lo delictivo.
En segundo lugar, la diputada socialista Arantza Mendizabal, interrogó a Rato recordando que, si el vicepresidente «amenaza con delitos», habrán de acudir todos «al juzgado de guardia». El titular de Economía aceptó el reto y, tras recalcar que «los datos de las cuentas de los ciudadanos son confidenciales» y que «aquel que los obtiene tiene que contribuir con alguien que incumple la ley», enfatizó: «Si quiere, vamos al Juzgado».
El secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, afirmó que las acusaciones vertidas desde el PP y suscritas por el secretario de Estado de Hacienda, Estanislao Rodríguez Ponga, sobre la existencia de una trama política contra éste último, son «el mejor indicio de la responsabilidad que tienen», y muy grave que se ponga en duda la actuación del fiscal.