El secretario general del PSOE, Joaquín Almunia, anunció ayer que, si es elegido presidente del Gobierno, su primera medida será convocar a todos los partidos democráticos para restaurar el consenso antiterrorista. También para los cien primeros días de gobierno se compromete a subir las pensiones, acabar con el servicio militar obligatorio, cerrar dos centrales nucleares e imponer el canon sobre los beneficios de las empresas privatizadas.
Almunia afirmó que «la situación del País Vasco es especialmente preocupante», ya que «el terrorismo ha vuelto a actuar mientras el consenso entre las fuerzas democráticas ha dejado de existir por la radicalización de unos y la prepotencia de otros». Si es elegido presidente, su primera medida será «convocar con carácter inmediato a las fuerzas parlamentarias y al Gobierno vasco para rehacer el consenso en la lucha contra el terrorismo y definir entre todos una estrategia de pacificación y de normalización de la situación del País Vasco, en el marco del Estatuto de Gernica».
En una declaración pública realizada en la sede socialista de Ferraz, el candidato socialista proclamó que sus 18 medidas para los primeros cien días de gobierno son su «contrato político» con los electores, por el que quiere que se le pidan responsabilidades al término del plazo. Otras medidas que el candidato socialista se compromete a aplicar en sus primeros cien días de Gobierno como «signos evidentes de que la acción política responde a nuevos principios y se plantea nuevos objetivos» serán la elevación de las pensiones mínimas y no contributivas con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2000.
La diferencia se abonará en la nómina de julio, en la que los pensionistas recibirán también una paga única de 28.000 pesetas como ganancia de poder adquisitivo correspondiente a 1999. Joaquín Almunia piensa aprobar «con carácter urgente» una reforma del IRPF «que establezca una tributación más favorable a las rentas del trabajo», así como el anunciado canon sobre los beneficios extraordinarios de las empresas privatizadas, por valor de medio billón de pesetas que se destinará al fondo de reserva de pensiones de la Seguridad Social.